Arcelor, AZSA y Fertiberia instan a la UE a aplicar «medidas realistas» y proteger a la industria

En este contexto, empresas como Arcelor, Asturiana de Zinc y Fertiberia han movido ficha. Junto a los líderes de casi 400 electrointensivas y patronales industriales han publicado una carta abierta en la que instan a la Unión Europea a «apoyar un enfoque coherente y realista para la protección del clima y el liderazgo industrial». Entre los firmantes se encuentran el consejero delegado de Arcelor en Europa, Geert Van Poelvoorde; el presidente de AZSA, Carlos Navalpotro, y el presidente y CEO de Fertiberia, Javier Goñi del Cacho, pero también los máximos responsables de compañías como Acerinox, Repsol, Celsa, Solvay,Roca o ThyssenKrupp.

En la misiva muestran su preocupación por los cambios que se pretenden acometer y recuerdan que las empresas tienen que planificar las inversiones dentro de un contexto global, asumiendo un precio del carbono muy superior al de sus competidores, para lo que requieren «un marco regulatorio facilitador que proporcione un alto grado de previsibilidad y seguridad jurídica». Y eso es lo que temen que salte por los aires con la votación de hoy.

El comité de medioambiente (ENVI) del Parlamento, que plantea el documento inicial, pretende reducir las asignaciones gratuitas de CO2 de forma progresiva a partir de 2025 y dejarlas a cero en 2030, un recorte que la industria ve inviable. Precisamente, el punto más conflictivo se refiere a ese calendario. Ayer, hasta bien entrada la noche, diputados y grupos de presión intentaban 'rascar' votos para distintas opciones. También existe mucha controversia con los índices de referencia que se van a utilizar para las asignaciones gratuitas y con las exportaciones. Al eliminar los derechos de emisión gratuitos la industria europea dejaría de ser competitiva en el mercado global, pero se plantea que solo se 'premie' con compensaciones al 10% más sostenible. Compañías como Arcelor reconocen mucha preocupación.

«No sirve de nada que nuestra industria deje de emitir gases contaminantes a la atmósfera si otros países van a seguir haciéndolo y nosotros comprándoles sus productos», asegura la eurodiputada asturiana de Ciudadanos Susana Solís, que confía en que «los productos importados paguen por las emisiones como si hubiesen sido producidos en Asturias» y que «deslocalizar producciones y llevarse empleos para contaminar fuera no sea posible», pero que también advierte de que «hay que asegurarse de que el texto final que se apruebe es racional con las necesidades de la industria».

Todo son incógnitas sobre la decisión final. Para la reforma del mercado de derechos de emisión se han presentado alrededor de 400 enmiendas, mientras que en el caso del ajuste en frontera hay más de 300. Cada parlamentario votará en conciencia y no hay acuerdo ni dentro de los propios grupos políticos. «Una serie de diputados estamos trabajando para retrasar el fin del reparto gratuito de derechos de emisión», explicaba ayer el eurodiputado asturiano Jonás Fernández. El socialista defiende la necesidad de más tiempo y que se compruebe el funcionamiento del ajuste en frontera antes de retirar los derechos gratuitos.

Mientras, la industria insiste en que la legislación que debe acompañar esta transición debe venir con «medidas predecibles y plazos realistas» y se debe garantizar «acceso seguro y competitivo a energía y materias primas sostenibles». En este sentido, defiende que una mayor ambición climática debe lograrse de manera rentable y acompañada de una protección reforzada contra las deslocalizaciones por los costes ambientales. «El objetivo general debe ser hacer que Europa sea más atractiva para las inversiones».

Sus argumentos coinciden con los de la gran industria española. Las patronales Unesid (siderurgia), Feique (química y farmacia), Oficemen (cemento), Aspapel (papel), Aop (refino) y Fiab (alimentación y bebidas), en las que se integran buena parte de las grandes empresas asturianas, también emitieron ayer un comunicado en el que advirtieron de que, «para lograr que ningún sector industrial se quede atrás», será necesario contar con medidas que faciliten el despliegue de tecnologías innovadoras, el acceso a las materias primas y energía limpia, líneas de financiación y un marco regulatorio de apoyo que preserve la competitividad de la industria. Recuerdan que los precios del carbono se han disparado un 700%en cuatro años y, junto a la escasez de materias primas, auguran «otra recesión económica». Además, alertaron de que, según datos del Registro de Transacciones de la UE, entre 2012 y 2021, el 16% de las instalaciones industriales sometidas al mercado de derechos se han visto obligadas a cerrar. De ahí que pidan a la UE que respalde las inversiones de las empresas, con medidas efectivas contra la fuga de carbono, evitando costes desproporcionados, cierres de capacidad y pérdidas de empleos a causa de la competencia internacional, entre otras prioridades.