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La cuenta atrás comenzó hace tiempo, más del que se piensa, con la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión, allá por 2005. Este mecanismo se diseñó en la Unión Europea con el objetivo de hacer cada vez más inviable contaminar para fomentar ... las inversiones en descarbonización. Sin embargo, tiene sus consecuencias, cada vez más evidentes. Hasta ahora, con las asignaciones gratuitas, la industria iba tirando, a sabiendas de que, en algún momento, el reloj se aceleraría. Ha llegado ese momento y a muchos sectores, como el siderúrgico, les resulta mucho más rentable invertir fuera de Europa, donde las condiciones son más favorables, que arriesgarse a asumir grandes pérdidas en el Viejo Continente.
Es lo que sucede con Arcelor, que ha decidido suspender sus proyectos para construir plantas de reducción directa del mineral de hierro (DRI) en Francia, Alemania, Bélgica y España y, por tanto, el de Gijón. Opta por hacer acerías eléctricas y no sustituir los hornos altos a medida que se vayan cerrando. Se trata de prescindir de la primera fase de la producción del acero, la más contaminante y la más costosa de descarbonizar. Deslocalizarla. Y por el camino se pueden perder miles de empleos directos, indirectos e inducidos. Se ha iniciado una cuenta atrás para una nueva reconversión en Asturias, la enésima tras las de la propia siderurgia, el naval, el carbón o la ganadería.
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Lucía Palacios
Arcelor, como otras compañías del sector, era consciente de que llegaría este momento, aunque no en las actuales circunstancias. La clave no está solo en los derechos de emisión, hay otros factores. El momento geopolítico no es propicio; tampoco la demanda de acero, muy debilitada. No hay aún un sistema que compense esos sobrecostes ambientales que asume la industria local, mientras el mercado se ve invadido por acero extracomunitario con alta huella de carbono a precios de derribo. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), establecido como una especie de arancel ambiental, está en una fase transitoria y ya muestra muchas grietas. A la vez, la tecnología necesaria no está probada a escala industrial y necesita mucho recorrido para tener costes competitivos. Y tampoco está suficientemente desarrollado todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, ese gas no contaminante que es la gran esperanza, pero con un precio inasumible en el corto plazo. Además, no hay bastantes renovables para el suministro eléctrico que se necesitaría. Por si esto fuera poco, no se constata interés por parte de los consumidores en ese acero verde. No estamos dispuestos a pagar más por productos que, en su uso, no se diferenciarán del resto.
Las fechas eran más o menos conocidas. A medida que se acercaba la entrada en vigor de la cuarta fase del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, se sabía que la cotización del CO2 comenzaría a dispararse, se recortarían las asignaciones gratuitas y todo ello haría cada vez más inviables instalaciones como los hornos altos. De ahí que, en 2021, adelantándose a este proceso, Arcelor anunciara sus proyectos de descarbonización en Europa para ir sustituyendo la actividad más contaminante de sus factorías por otra más limpia.
Para ello, reclamaba ayudas suficientes, un contexto regulatorio favorable y el desarrollo de las infraestructuras asociadas que requieren esas instalaciones para funcionar, como la llegada del hidrógeno verde. Desde entonces empezó a negociar con la Comisión Europea y los Estados concernidos esas subvenciones, que ahora resultan insuficientes –en el caso asturiano son 450 millones para una inversión de 1.000–.
Un año y medio después de aquellos anuncios, la Unión Europea aprobó el nuevo calendario para iniciar el ajuste de los derechos de emisión. El recorte comienza ya en 2026 con una disminución de las asignaciones gratuitas del 2,5%, del 5% en 2027, del 10% en 2028 y del 22,5% en 2029. A partir de ese año, la reducción se acelerará: 2030 (48,5%), 2031 (61%), 2032 (73,5%) y 2033 (86%), hasta llegar a cero en 2034.
La cotización del CO2 se ha moderado este año por la caída de la producción, pero con los recortes volverá a dispararse. Igualmente, en la situación actual, ya supondría un sobrecoste de más de 100 euros por tonelada para los productos europeos. Y esta penalización no afectará solo a la siderurgia, sino a todas las instalaciones integradas en este régimen. En Asturias son cerca de una veintena como las lácteas, Fertiberia, DuPont o Cementos de Tudela Veguín.
Si la obra de la planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) no se lleva a cabo, asegura el Laboratorio de Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, REGIOlab, que la comunidad perderá «un valor añadido equiparable a más del 1,6% de su Producto Interior Bruto (PIB) y 4.243 puestos de trabajo». Con esta instalación, al estar muy automatizada, ya se barajaba que la plantilla de Arcelor perdiera cerca de un millar de efectivos. Fuentes sindicales hablan ahora de 2.000, impacto al que habría que sumar el de auxiliares o en el transporte, que vaticinan un recorte «brutal».
¿Qué puede limitar esa nueva reconversión? La siderurgia integral aún tiene algunas opciones. De momento, la multinacional quiere mantener el horno alto 'A' activo hasta bien entrado 2026, mientras que el 'B' tiene vida útil hasta 2030, aunque cada vez será menos competitivo. En ese periodo, la Unión Europea podría cambiar sus políticas y facilitar que merezca la pena reformar una vez más estas instalaciones para que funcionen más tiempo, en una nueva fase transitoria hasta que el acero verde pueda ser competitivo. Se trataría de ganar tiempo, por ejemplo, retrasando la reducción de las asignaciones gratuitas, aunque el carácter medioambiental de la nueva Comisión, con Teresa Ribera de vicepresidenta, no apunta en esa dirección.
El nuevo comisario de Industria, Stéphane Séjourné, ha prometido un plan de acción para el acero en sus primeros 100 días de mandato. Más ayudas podrían hacer que Arcelor reconsidere su decisión, a pesar de que su consejero delegado, Aditya Mittal, es reacio a invertir en Europa.
Otra opción, a la que aluden el Principado y el Gobierno central, es que un tercero construya y opere la planta de DRI. La cuestión aquí es quién estaría dispuesto y cómo podrían salirle las cuentas que a la industria siderúrgica no le salen.
Además, será clave para limitar el impacto en el empleo que se pueda dotar a la acería de Avilés de un horno híbrido como el de Gijón o mayor e incluso mantener los convertidores tradicionales a la vez. Así, podría utilizar DRI y el arrabio del horno alto 'B' para no perder producción en las líneas acabadoras. De este modo, también sería más sencillo llegar a captar en el futuro la inversión de la planta de DRI, aunque eso implicaría, si ya se apagó también el horno alto 'B', perder durante algún tiempo el carácter integral de las plantas. Mantener siempre es más fácil que recuperar.
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