Alcoa libera los fondos retenidos a Riesgo para las plantas de Alu Ibérica

La segunda opción ha sido finalmente la elegida. «Parter y Grupo Riesgo se han comprometido a mantener los términos del acuerdo de venta de las plantas de Avilés y La Coruña y, como resultado, el notario va a liberar los fondos que se ingresaron en una cuenta de depósito en garantía a las sociedades de Alu Ibérica», señaló ayer una portavoz de Alcoa. Parece que el ultimátum dado por la multinacional para mover ficha –cuyo plazo finalizó el 4 de junio– ha surtido efecto y la liquidez seguirá llegando a ambas plantas durante algo más de un año. Pero Alcoa no ha dado a conocer qué implican esos compromisos.

En el momento de la venta, Alcoa aceptó un cargo de unos 121 millones de euros por la venta, en los que se incluye el pago paulatino a Parter de 85 millones en concepto de apoyo financiero para gastos operativos y de capital asociados con el reinicio de la electrólisis o la reindustrialización de las plantas. Pagos que realiza cada cuatrimestre. Mientras que Parter se comprometió a invertir alrededor de 18 millones en cada planta para reforzar la fundición, entre otras mejoras. Pero los trabajadores no han visto inversión alguna en todo este tiempo. Todo lo contrario. De hecho, la plantilla avilesina está preocupada por el «desvalijamiento» de la factoría. Inquietud que les llevó a concentrarse ayer, durante once horas, ante la planta (acción que repetirán hoy).

«Es mentira que se esté aumentando la producción. Se está llevando a un almacén, lo que nos resulta bastante chocante», señaló el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz. Material, «tanto productivo como chatarra», que ya estaba fabricado con anterioridad y que se traslada, según los representantes de los trabajadores, a una nave industrial de Colloto. Las sospechas apuntan a que se trata de un intermediario quien recibe el metal y no los clientes habituales.

Ante esta situación «caótica», el comité bloqueó el paso a los camiones que acudieron a la planta para llevarse material y pidió al Gobierno central que, en la reunión fijada para el jueves, «tome cartas en el asunto». Es decir, que intervenga en la empresa y luego busque nuevos inversores. Una iniciativa que reprochó Riesgo, que la calificó de «ilegal». Así, se reafirmó en que acciones como esta «impiden el desarrollo del proyecto», lo que puede hacer peligrar su hoja de ruta y, por tanto, «el futuro de todos los empleados», que rondan los 280 en Asturias. Además, subrayó que actuaciones «interesadas como las del comité de Avilés proyectan una mala imagen de la industria hacia el exterior, lo que puede perjudicar la viabilidad de otras plantas de aluminio en España».