OCTAVIO VILLA
Jueves, 10 de marzo 2016, 03:57
El movimiento de Enagás para volver a situar en la legalidad la planta regasificadora que tiene en El Musel, tras la sentencia del Tribunal Supremo, pasa por solicitar al Ministerio de Industria una nueva licencia, como adelantó este periódico. Fuentes de Enagás precisaron ayer que dicha licencia se planteará con una modificación del objeto de la planta. Si antes estaba previsto que la regasificadora sirviese para aprovisionar la red estatal de gasoductos, lo que pretende ahora Enagás es convertirla en un centro logístico de distribución, usando para ello sus dos grandes depósitos, de 150.000 metros cúbicos de capacidad cada uno.
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Esto permitiría, en opinión de la empresa, solventar el problema de la licencia de actividad, que habría quedado ilegalizada por la sentencia del Supremo, dado que la nueva licencia implicaría un cambio de actividad respecto a la ahora anulada por el Supremo y, al pedirse ahora, ya no estaría afectada por el límite mínimo de distancia de 2.000 metros a zona urbana que establecía hasta el 1 de enero de 2007 el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Con ello, la empresa trata de evitar que la instalación «acabe en el Constitucional, porque eso dilataría el proceso durante años», y la regasificadora, cuyas obras se entregaron en diciembre de 2012, lleva desde entonces hibernada.
Si finalmente el movimiento de Enagás superase los requerimientos administrativos y legales, la empresa estima que el comercio exterior de gas «podría mover 180 barcos al año en el puerto de El Musel, en su gran mayoría noruegos», con lo que ello implicaría también para la instalación portuaria gijonesa en tasas y en actividad vinculada para la ciudad. La empresa asegura que la altísima demanda de gas natural en el mercado internacional hace que la utilización de la planta de El Musel como centro logístico sea viable, siempre que, como confía, el Ministerio de Industria acceda a modificar su uso, desconectada de una red de gasoductos para la que, por otra parte, las instalaciones ya están ejecutadas y listas para si alguna ulterior decisión legal o administrativa hiciera posible su conexión.
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