CAPSA asegura que no provisionará en su cuenta de resultados la multa de Competencia

Durante cerca de tres horas, los máximos responsables de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) y de Central Lechera Asturiana (Clas) defendieron ayer ante la casi práctica totalidad de los socios compromisarios que integran la SAT la legalidad de las prácticas que las dos compañías han llevado a cabo en los últimos años. Pero, sobre todo, lanzaron un mensaje de tranquilidad presumiendo de «músculo financiero» y negando que la sanción que les ha impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) por un supuesto pacto ilegal de precios en el que habrían participado junto a la práctica totalidad de la industria láctea nacional vaya a tener ningún tipo de repercusión, ni sobre el precio que los ganaderos reciben por la leche, ni sobre el futuro de la sociedad.

El grupo lácteo, según anunciaron sus directivos, ha decidido no provisionar en sus cuentas el importe de la multa confiado en que terminará recibiendo una sentencia favorable de los tribunales. Un proceso que, no obstante, podría prolongarse durante años. Eso sí, deberá presentar un aval por el importe total de la penalización, que, de acuerdo con los datos que se ofrecieron ayer, «apenas supone el 10% de las reservas de la compañía».

La asamblea tuvo un marcado cariz legalista. De hecho, fue Juan Calderón, asesor jurídico de la SAT y de CAPSA, el encargado de defender la actuación de los directivos y de rebatir punto por punto los argumentos que utiliza el regulador para apoyar la sanción de 21,8 millones que ha impuesto a CAPSA y que se suman a los 698.477 euros de multa a Central Lechera. Se trata de argumentos extraídos de correos electrónicos y agendas de trabajo de directivos, que convergen en una compleja y duradera trama en la que habrían participado las principales empresas del sector, pactando precios, coordinando excedentes de leche y presionando a los ganaderos, con el objetivo último de controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.

Según el relato de varios de los socios que participaron en la asamblea, a las explicaciones de Calderón, que restó importancia a la multa de Competencia asegurando que «más del 70% de sus sanciones acaban en nada», según relató uno de los participantes, se sumaron las de José Armando Tellado, director general de CAPSA, y Francisco Sanmartín, director de Clas, que negaron reiteradamente su participación en los presuntos pactos de precios.

Durante la reunión, informativa y en la que, por tanto, no se levantó acta, se hizo referencia a algunas de las acusaciones que se recogen en la resolución de Competencia. Por ejemplo, al correo electrónico en el que se afirmaba que Clas se habría comprometido a mantener precios durante todo 2010. Algo, que aseguran sus responsables, la realidad desmiente porque durante ese ejercicio los precios se modificaron, al menos, en dos ocasiones. También se habló del hecho de que a CAPSA se la vincule por comentarios que trabajadores de otras empresas hicieron a sus superiores y nunca por comunicaciones de sus propios ejecutivos. Durante sus intervenciones, los responsables de la láctea llegaron en más de una ocasión a involucrar a la Administración en las negociaciones que, por ejemplo, llevó a cabo para la transmisión de ganaderos de dos explotaciones en Cataluña a otras industrias y a las que se alude en la resolución de Competencia.

Los socios consultados aseguraron que, aunque hubo intervenciones críticas, la asamblea fue «cortés», «políticamente correcta» y «moderada». Por un lado, evidenció la preocupación de los compromisarios por las implicaciones futuras que la sanción podría tener para el futuro de la sociedad. Por el otro, la desconfianza ante lo expuesto por los directivos. «La mayoría llegó con una idea preconcebida de lo que había sucedido y así se fue», comentaba uno de los socios. Aunque, eso sí, en el sentir de la sociedad prevalece la idea de unidad para que, entre todos, se consiga minimizar el impacto de la multa, económico y en su imagen pública. El resumen que se trasladó desde la SAT al termino de la asamblea fue, de hecho, el de «un cierre de filas de los socios que, de forma prácticamente unánime, se alinearon en defensa de la honorabilidad con la que siempre se ha comportado tanto la SAT como CAPSA».

Pero como podía ser de esperar, en la asamblea también salieron a relucir las diferencias existentes entre las diversas facciones que acudieron a la cita. Los más críticos, que llegaron a pedir una asamblea extraordinaria con la destitución de Tellado en el orden del día, rebajaron la tensión. No renuncian a que la SAT puedan llegar a pedir responsabilidades por daños patrimoniales a CAPSA, pero sí a hacerlo de forma inmediata. Esperarán, dicen, a que la sentencia sea firme. El presidente de Clas, Bertino Velasco, que apenas intervino en la asamblea, sí justificó la conversión de la misma en informativa. Velasco, no obstante, ya había expuesto por carta a todos los socios muchos de los argumentos que ayer se pudieron escuchar durante la asamblea.