Las lácteas multadas presentarán 400.000 facturas para probar que no pactaron precios

Las lácteas del denominado 'cartel de la leche' que implica, entre otras compañías, a las asturianas Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) y Central Lechera Asturiana (Clas) se apoyan en un informe económico titulado 'Análisis del precio de compra de la leche de vaca cruda en España entre los años 2007 y 2012', que ha sido realizado por RBB Economics para tratar de desmentir, en el recurso que presentarán ante la Audiencia Nacional, el pacto de precios que les atribuye la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que les ha impuesto una multa de 88,2 millones.

El documento, al que el propio regulador hacia alusión en su resolución y del que ayer se hizo eco 'El Economista' demuestra, a partir del análisis de más de 400.000 facturas, que se produjeron diferencias muy significativas en la estructura y evolución de los precios de aprovisionamiento pagados por las distintas empresas en el periodo de referencia en varias comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Galicia, que es donde supuestamente y, según la CNMC, el pacto habría sido más evidente.

Las compañías sancionadas aseguran que no hubo «pactos de precios» y que se limitaron a «intercambiar información en el marco de reuniones impulsadas y coordinadas por las Administraciones autonómicas para negociar con los ganaderos unos importes viables para ellos». Argumentos que, de hecho, están recogidos en la propia resolución de la CNMC donde se aseguraba que, en la fase de alegaciones que abrió el regulador durante la tramitación del procedimiento, CAPSA y Clas llegaron a manifestar que el intercambio de información que se les atribuye no podía considerarse de carácter «estratégico», puesto que «no revestía utilidad alguna» y, por ende, no tenía la «aptitud» para producir «efectos restrictivos de la competencia». CAPSA abundó que, en muchos casos, se trataba de «datos pasados» y «demasiado genéricos», que no aportaban «información adicional a la ya disponible públicamente» para reducir la incertidumbre del mercado.

A juicio de la compañía, «realizar determinadas conductas en relación con los ganaderos o la gestión de los excedentes no solo era una práctica inocua, sino que se alineaba perfectamente con los principios de un sector altamente intervenido por la Administración, que propugnaba el equilibrio entre sus diferentes agentes, y en el que la transparencia de precios y el control de la producción eran elementos comunes de la política pública». Según se recoge en el informe de la CNMC, las reuniones se articulaban en torno a los denominados Observatorios o Mesas de la Leche con el objetivo de «propugnar el equilibrio entre los diferentes agentes», siendo la transparencia de precios y el control de la producción «elementos comunes de la política pública». Para el sector, «resulta difícil hacer entender a las industrias lácteas y a los ganaderos que las Administraciones no eran competentes en la materia».