Los constructores arremeten contra el Principado y anuncian que abandonan la concertación

Los constructores asturianos dieron ayer por finalizada su participación en el acuerdo de concertación social en el que están presentes, como miembros de la Fade, con sindicatos y Gobierno regional. ¿La razón? Los reiterados incumplimientos del pacto en materia de licitación pública de los que el sector lleva meses alertando y que han provocado que a día de hoy esté pendiente de licitar, según sus datos, más del 40% del presupuesto total. En concreto, 490 de los 831 millones comprometidos en el marco del actual Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA) que finaliza su vigencia este año.

«La postura del Gobierno es impensable e intolerable. Creemos que Fade lo comparte y vamos a promover que se rompa oficialmente el acuerdo y que no se firme ninguno más», avanzó el director de CAC-Asprocon, Daniel García-Balbín. Instantes antes, el presidente de la organización empresarial, Serafín Abilio Martínez, había adelantado que daba por roto el acuerdo. Lo consideran una «coartada política que solo le vale al Gobierno» y aseguran que sus objetivos se vienen abajo desde el momento mismo de la firma del documento. «Es mucho mejor estar libres de esos compromisos», razonó García-Balbín.

El director y el presidente de CAC-Asprocon comparecieron ante los medios para poner negro sobre blanco la situación de un sector que ha perdido casi 1.000 empresas y 13.800 trabajadores desde 2010, algo que achacan no solo a la escasa actividad, que afecta por igual a todas las comunidades, sino a la «falta de rigor, compromiso y seriedad» del Gobierno regional. Critican, por ejemplo, que el año pasado, el 80% del presupuesto se sacara a licitación en el segundo semestre, pese a que en el AEPA se había comprometido a licitar el 70% de las obras en el primer semestre del año, con lo que el proceso de puesta en marcha de esas obras no comenzó hasta diciembre del pasado ejercicio ya que la administración está tardando como mínimo 90 días en adjudicar.

De esta forma, interpreta el presidente de los constructores, el Principado traslada las adjudicaciones de 2014, año que deja prácticamente en blanco, al presente ejercicio, curiosamente año electoral, para intentar cumplir con los acuerdos sin asumir nuevos costes. El anexo de inversiones para este ejercicio solo consigna 20 millones de euros para licitar obra nueva. Según la CAC, «el peor dato de inversión de obra nueva de la historia».

Asegura la patronal que el Gobierno regional no solo está incumpliendo los compromisos de licitación contemplados en el AEPA sino que, además, está adjudicando todas las obras con una baja temeraria de más de un 50%, cuando en el resto del país dichas bajas no llegan a superar el 30%. Se considera «baja temeraria» a aquellos precios ofrecidos por los contratistas que resultan poco probables o irreales en comparación con los precios de mercado de contratos similares.

Los constructores achacan estas bajas al criterio que desde 2013 aplican los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, «tan irresponsable como insólito y surrealista», que ha llevado al Gobierno de Javier Fernández a optar por el sistema de subasta frente al del concurso, «que en España rige más del 80% de las licitaciones», lo que le lleva a adjudicar la obra en cuestión a la empresa que ofrece el menor precio y está provocando que más del 60% de las adjudicaciones de obra que se realizaron en 2014 fueron a parar a empresas de fuera de Asturias. Según García-Balbín, el resultado de adjudicar obras con estas bajas está teniendo un efecto devastador sobre el sector que, advierte, a largo plazo le puede salir muy caro a la administración, en línea con lo que ha manifestado la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

Por un lado, argumenta el directivo, porque las obras «se realizan tarde, mal y nunca» y se produce una merma de los sistemas de prevención en las obras que hace que aumente la siniestralidad. Por el otro, porque también baja la calidad de las obras, se incumplen los proyectos a ejecutar y se fomenta la contratación irregular incumpliendo los salarios fijados en los convenios y generalizando la contratación de autónomos. En definitiva, concluye García-Balbín, supone la destrucción del entramado empresarial asturiano y la pérdida masiva de mano de obra.

El anuncio que el martes realizó la consejera de Fomento, Belén Fernández, sobre la inversión que el Principado plantea en carreteras por importa de 1.490 millones hasta 2030 ha contribuido a aumentar el malestar de los constructores. «Si es una tomadura de pelo a los asturianos le pediría que se fuera y si lo es para la construcción que se vaya de una santa vez», espetó Abilio.

Nada más conocer las críticas del sector Belén Fernández salió en defensa del criterio jurídico aplicado por su Ejecutivo «para gastar el dinero público dentro de los intereses generales». Asegura la consejera que entre las prioridades del Ejecutivo está el gasto en servicios sociales.

Los constructores asturianos, según adelantó ayer Abilio Martínez, están llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de las obras adjudicadas en los últimos años y en las próximas semanas ofrecerán datos concretos de lo que ha pasado. Anticipan que hay actuaciones que se adjudicaron hace más de cinco meses y todavía no han empezado y que los proyectos de muchas otras han sido modificados en cantidad y calidad.

El presidente de los constructores destacó los esfuerzos realizados por la patronal en las últimas décadas para aportar estabilidad, seguridad y formación a los trabajadores que provoca que los costes salariales de la construcción en Asturias sean de los más altos de España. Solo los supera, según la estadística del INE, Madrid donde se encuentran las sedes de las grandes constructoras españolas. «Este sector siempre ha estado dispuesto a colaborar con la administración y no podemos aceptar este tratamiento», censuró.