Las empresas asturianas, atascadas en la burocracia: más de mil normas en un año

«Tanta burocracia no facilita la libertad de mercado», advierte la patronal Confemetal, en la que se integra la asturiana Femetal, y que considera que ni ciudadanos ni empresas pueden enfrentarse a un «cúmulo oceánico» de obligaciones. De hecho, señala que tampoco pueden aquellos que tienen que hacerlas cumplir e interpretarlas, como jueces y fiscales, despachos, asesorías, consultoras, funcionarios o profesionales «que, saturados de normativas, son literalmente incapaces de asimilar este tsunami farragoso, en general de deficiente técnica legislativa».

En plena «guerra contra la burocracia», como la define el presidente del Principado, y cuando aún colea el debate por la marcha de Ferrovial a Países Bajos, que entre otros motivos alegó que buscaba allí una mayor seguridad jurídica, los empresarios braman contra esta profusión normativa. «Para poner en perspectiva la magnitud de esta cifra, cabría indicar que para que una persona pudiera estar complemente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas en el BOE en 2022, tendría que leer cerca de 700 páginas al día», argumenta CEOE, sobre las 241.803 que incluyó el Boletín Oficial del Estado el ejercicio pasado.

«Se va en la línea contraria a adelgazar la burocracia en la administración pública. El intervencionimo aumenta y eso es contrario a lo que demandamos», se lamenta el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González. Para Félix Baragaño, presidente de la de Gijón, todo ello «genera desconcierto y lleva a un desconocimiento sobre cómo actuar y prever el futuro de las empresas», lo que implica que incurran en inversiones y gastos no previstos de forma reiterada. Su homólogo en la cámara ovetense, Carlos Paniceres, ofrece su receta contra los efectos de esa excesiva legislación: «Los ingredientes de la desburocratización pasan por crear un plan general que establezca coordinación entre las administraciones y desregularizar el exceso de normativa dispersa y, en casos, contradictoria».

A nivel estatal, el año pasado, se publicaron 849 normas de distinto rango, más de dos novedades legislativas por día. Se aprobaron 20 reales decretos leyes, que duplican la cifra media de los últimos 40 años. Y a ello hay que sumar que las normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas y recogidas en el propio BOE ascendieron a 340, once del Principado. Asimismo, los distintos boletines oficiales de cada región, como el BOPA en el caso de Asturias, registraron más de un millón de páginas de normas o modificaciones de las existentes, la cifra más alta de los últimos 11 años. «Esto afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica», denuncia la CEOE. «Las empresas deben enfrentarse a la falta de coordinación entre las distintas administraciones que tienen capacidad de crear normas», censura Fade, «una empresa en Asturias puede verse afectada por la normativa de varios municipios, comunidades autónomas, el Estado y la Unión Europea», una situación que se agrava para las compañías a medida que ganan tamaño y que deben dedicar gran parte de su actividad al cumplimiento normativo.

Entre esas once normas asturianas publicadas en el BOE en 2022 no se contabilizan las dos aprobadas en la Junta este año para avanzar hacia una Administración más eficaz y ágil, que salieron finalmente adelante en marzo: la ley de empleo público y la de calidad ambiental. El Gobierno regional las considera estratégicas, ve vital reducir la burocracia. Según un reciente informe del Banco de España, elevar la regulación un 10% implica una reducción del 0,5% el empleo en las pymes de menos de diez trabajadores. El sector más afectado por la profusión normativa es el manufacturero.

La profusión normativa no es exclusiva de España. Sigue una tendencia marcada por la UE, que adoptó 2.249 actos jurídicos en 2022, distribuidos en 1.041 reglamentos, 28 directivas y 1.180 decisiones. La regla 'one in-one out', que establece que cada incremento normativo ha de ir acompañado de la eliminación de uno existente, tiene una implicación práctica limitada. En muchos casos, la diversidad de reglas es superflua, por lo que los empresarios reclaman una «necesaria» armonización normativa. Porque esa proliferación «se ve acompañada por una falta de cuidado en la técnica legislativa», a lo que se suma la dispersión de canales de gestión administrativa, «que provoca un desperdicio de las ventajas que ofrece la tecnología». Las compañías se ven obligadas a navegar por múltiples portales y buzones electrónicos para cumplir con sus obligaciones.

«Tanta burocracia no facilita la libertad de mercado. En general, no imprime rigor, agilidad ni flexibilidad o eficacia», denuncia Confemetal. Antonio Fernández-Escandón, presidente de la patronal asturiana del sector, Femetal, habla de «una vorágine de leyes» y, como Baragaño, del «gran desconcierto» que suponen y de los costes que generan, «que impactan directamente contra la competitividad de las empresas y dificultan la creación de empleo», ya que implican mayores obligaciones legales que las que asumen competidores de países del entorno. «Es fundamental que se unifiquen legislaciones bajo el paraguas de la Unión Europea para evitar duplicidades e incertidumbre, y que se potencien normativas enfocadas a la mejora competitiva de las empresas, reduciendo costes laborales y fiscales con el recorte del gasto público improductivo», dice.

«Apreciamos que las consecuencias de esta problemática incluyen costes innecesarios, falta de eficacia en la Administración, ruptura y segmentación del mercado interior y repercuten en una pérdida de competitividad para nuestra región. El despilfarro de recursos públicos y privados requiere una solución urgente y una política de armonización normativa efectiva», recalca Fade, que ha hecho de la lucha contra la burocracia uno de sus caballos de batalla.