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Duro Felguera ha concentrado sus actividades en su sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. DAMIÁN ARIENZA
El ejercicio de resistencia de Duro: cuatro años sin avales y a la espera de la SEPI

El ejercicio de resistencia de Duro: cuatro años sin avales y a la espera de la SEPI

La pandemia ha frenado la contratación que había despegado en 2019, cuando se logró un ebitda de cuatro millones

NOELIA A. ERAUSQUIN

GIJÓN.

Domingo, 18 de octubre 2020, 02:47

Duro Felguera ha practicado en los últimos años una especie de ejercicio de funambulismo sin red. En su sector, los avales son vitales para contratar y, sin embargo, la compañía asturiana lleva cuatro años sobreviviendo sin ese respaldo, sorteando el concurso de acreedores en varias ocasiones. Esta misma semana la compañía asturiana anunciaba un contrato hasta 2023 con Petronor para operar en la planta de cok y azufre de su refinería de Muskiz (Vizcaya). Son pasos son insuficientes para garantizar su supervivencia, que pasa ahora por el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero sí demuestran la capacidad de este centenario grupo para resistir y sobreponerse a las adversidades.

El actual equipo gestor, que se ha ido confeccionando a partir de 2018, ha tenido que lidiar con una herencia envenenada. No en vano, el consejo de administración se ha querellado contra su antiguo presidente y consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, por administración desleal y apropiación indebida. A la difícil situación financiera con la que recibieron la entidad, se sumaron 150 millones de pérdidas que afloraron tras un análisis exhaustivo de los proyectos, contratos, además, ruinosos y muy complejos que escondían otras malas sorpresas, y que en este último año y medio se han ido renegociando. El último al que se ha logrado dar carpetazo, este mismo mes, es el de Roy Hill, en Australia, tras un pacto con los acreedores. Para reactivar otro de esos proyectos heredados, Duro Felguera fue una de las empresas que acompañó a Pedro Sánchez en su reciente viaje a Argelia, donde se espera dar un impulso al ciclo combinado de Djelfa.

2019, incluso, fue un año para el optimismo, con un ebitda de 4 millones de euros, frente a las pérdidas de 124,4 del ejercicio anterior. Suponía una ruptura con la tendencia negativa de 2017 y 2018. La contratación también experimentó una mejoría al pasar de 78,8 millones de euros en 2018 a 105,5 a diciembre de 2019. En el primer trimestre de 2020 se habían cerrado acuerdos también por 31 millones de euros, cifras aún insuficientes para que la empresa recupere su actividad normal en solitario, pero que muestran la resiliencia del grupo, cuya actividad se consideró esencial durante el estado de alarma y en el que han seguido confiando en estos últimos años compañías de primer nivel como Petronor, ExxonMobil, Arcelor o Endesa.

La falta de avales ha sido, sin embargo, determinante para no lograr contratos de mayor envergadura. De hecho, la compañía ha sido rechazada en la recta final de alguna convocatoria por carecer de esas garantías, comprometidas por la banca en 2018, cuando se produjo la reestructuración de la deuda y la ampliación de capital, y que no han llegado a pesar de conseguirse el apoyo de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Los rumores sobre la posible entrada de algún otro inversor o las intenciones del empresario asturiano Blas Herrero, que esta semana ha presentado al consejo un plan que la actual dirección cree que «no es legal ni viable» -inyectaría 8,5 millones de euros, pero reclama 200 a la SEPI y 300 de avales-, han enrarecido también la actividad.

En esta situación llegará Duro a su junta de accionistas, el día 29, para la que su equipo gestor espera contar con buenas noticias. Los próximos días serán claves, pendientes de lograr el visto bueno de Santander, Liberbank, BBVA, Bankia, CaixaBank, Sabadell y Banco Cooperativo para la refinanciación de su deuda y también del rescate de la SEPI.

Rescate

La petición de la compañía a la sociedad estatal es de 100 millones de euros -70 de un préstamo participativo y otros 30 para la entrada en el capital-. Con ello, el Estado controlaría de forma temporal alrededor del 40% de la empresa, con el objetivo de comenzar a desinvertir en 2023 y recuperar su inversión cuando Duro recupere el músculo perdido en estos años. Desde la dirección de la empresa confían en que esta entrada despeje el camino para otros inversores, a la vez que se aleja el peligro del aterrizaje de 'inversores buitre' que acaben dejando a Asturias sin uno de sus principales activos industriales.

Para ello también sería fundamental que tuviera éxito el plan estratégico, reformulado con la pandemia, y que realiza una apuesta clara por sectores de futuro como las renovables (eólica marina, hidrógeno...) y sistemas inteligentes.

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