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E. C.
GIJÓN.
Viernes, 14 de mayo 2021, 03:41
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció ayer que el Gobierno está trabajando en cómo «intervenir» en el mercado eléctrico para que la generación con energías fósiles, principalmente ciclos combinados de gas natural, no ... acabe «repercutiendo en el total del precio al que se retribuye toda la generación».
En una rueda de prensa, junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para presentar las líneas de acción sobre política industrial, pyme y sector turístico dentro de los fondos europeos, Ribera indicó que este es un debate que se tiene que abordar «de manera inmediata», ya que además forma parte del acuerdo de coalición de Gobierno, aunque subrayó que se hará siempre «dentro de los márgenes» permitido por la Unión Europea.
A este respecto, señaló que el Gobierno hará públicas «en breve» sus propuestas, encaminadas a contener el impacto en el recibo de los altos costes de los derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2), ya que hay que evitar que la factura de la luz incorpore «en el conjunto de los MW generados algo que no siempre representa un coste real para producir electricidad, y que acabe lastrando la recuperación en los hogares y la industria», recoge Europa Press. Compañías como Arcelor o AZSA están viendo mermada su competitividad por los efectos de ese mercado de derechos y la escasez de ayudas.
Por su parte, a pesar de las fuertes críticas que recibe del sector, Maroto defendió el acompañamiento que ha dado el Gobierno a la industria electrointensiva. En este sentido, señaló que se han puesto en marcha ya, a través de distintos mecanismos del estatuto electrointensivo, 770 millones de euros en ayudas, que beneficiarán a más de 600 empresas. Se trata, no obstante, de cifras que no ayudan especialmente a la gran industria asturiana, al haber desaparecido el sistema de interrumpibilidad y rebajar el umbral de consumo requerido, con lo que el reparto es entre más compañías.
«Iremos trabajando con el sector y con toda la cadena de valor de la industria para abordar cualquier desafío del coste energético, del coste de las materias primas o de lo que supone la digitalización», dijo Moaroto.
En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno destina 3.782 millones de euros a la política industrial 2030. Los objetivos de esta partida pasan por modernizar el ecosistema de industria-servicios a través de la digitalización de la cadena de valor, así como impulsar la productividad, la competitividad, y mejorar la eficiencia energética.
También destacó el objetivo de impulsar una nueva Ley de Industria.
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