Economistas dan por hecho un IPC de dos dígitos y ven limitado el efecto del plan del Gobierno

Quebrar el círculo vicioso implica un complicado equilibrio. «En circunstancias normales, se subirían los tipos impositivos y se retirarían estímulos fiscales», explica el profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez, el problema es que este no es un momento normal. Sobre toda la economía sobrevuela el fantasma de la estanflación: la coincidencia en el mismo tiempo de una inflación elevada y un estancamiento o retroceso de la economía, al que suele acompañar más desempleo.

Ante este coyuntura los analistas consultados reconocen que es difícil actuar y otorgan un papel «limitado» al plan de choque anunciado por el Gobierno central para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Apuestan más por algún tipo de pacto de rentas, para no alimentar la escalada que implica que el aumento de costes dispare los salarios y estos a su vez eleven aún más los costes.

«La inflación ahora mismo depende de factores externos y es muy difícil de controlar por parte del Gobierno», señala el economista avilesino Jesús Sanmartín, que ve «correcto» que se apoye a los sectores más desfavorecidos para ayudarles a atravesar este trance, pero que cree que las soluciones a esta coyuntura van por otros lados: que se ponga más energía en el mercado, en línea con el anuncio de EE UU de liberar sus reservas de crudo para bajar los precios, y que Europa encuentre fuentes energéticas alternativas. Una opción más nacional: «Que todos nos contengamos un poco». Por tanto, ve bien un pacto de rentas, que no dé más alas a la inflación. Pero da otra clave sobre el impacto de la guerra de Ucrania: el desvío de fondos hacia otros territorios y para gasto en defensa.

Álvarez, sin embargo, es algo más crítico sobre las posibilidades de un pacto de rentas. «Primero hay que precisar qué es, qué se va a acordar, qué beneficios se van a limitar», asegura, y se pregunta cómo se van a restringir unos beneficios que dependen realmente de las ventas y los costes. «¿Cómo se le va a decir a un autónomo cuánto tiene que ganar?». Pero va más allá en sus críticas en relación al plan del Gobierno, que prevé movilizar 16.000 millones de euros -6.000 en ayudas directas y 10.000 en avales-, sobre todo, en lo que se refiere a tres de las líneas. Por un lado, la limitación del aumento del alquiler, con la que cree que se beneficiará a los inquilinos a costa de los propietarios, que no tienen por qué tener más renta, y que considera que puede desincentivar que haya más pisos en el mercado.

Por otro, la prohibición de despedir por causas objetivas, que en realidad lo que hace es encarecer el despido. «Habrá empresas en crisis que si no pueden despedir se acogerán a la ley concursal y eso las llevará a la quiebra. Serán compañías que, si no pueden reducir plantilla, seguramente desaparecerán». El tercer punto que Álvarez ve «desafortunado» es la ayuda fija de 20 céntimos por litro de combustible que, además de obligar a las gasolineras a adelantar el dinero de esa bonificación, cree que mantendrá artificialmente alto el precio de los combustibles. De ahí que defienda una reducción de impuestos, por los ingresos «de la Administración caídos del cielo» con esta subida de los precios.

Al director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, tampoco le convence esa rebaja para pagar gasolina y gasóleo. «Aumentará la demanda, lo que no ayuda a reducir el precio, y no es muy equitativa, porque beneficia más a los que menos ayuda necesitan. Además, es muy caro y no nos sobra el dinero».

«Hay que distinguir las medidas que suponen ayudas específicas para sectores muy intensivos en consumo energético y las familias con menos renta, que tienen sentido, del resto», justifica. Otras iniciativas también le suscitan dudas, como los efectos o la viabilidad técnica de desligar el precio del gas del de la electricidad. Lo que defiende claramente es un pacto de rentas, «que incluya, además de los salarios privados y los márgenes y beneficios empresariales, las pensiones y los sueldos públicos».

El presidente del Colegio de Economistas de Asturias, Abel Fernández, coincide. «El aumento de las pensiones ligado al IPC perjudica, igual que si actualizas los salarios con el IPC. Todo se retroalimenta y entramos en una inflación galopante», avisa.

Así, pide tener mucho cuidado, porque «normalmente cuando se inyecta más dinero, la inflación no se controla tan bien, pero hay que evitar la estanflación y lo bueno para una cosa causa perjuicio en la otra». En ese difícil equilibrio debe moverse el Ejecutivo central, cuyo plan de choque contra esta crisis ve «cortoplacista», por lo que reclama decisiones «más valientes.