Duro Felguera estudia ajustes ante el bloqueo de la banca a nuevos avales

El bloqueo de la banca acreedora a Duro Felguera ya hizo mella en sus cuentas el año pasado, pero en este inicio de ejercicio los efectos se están notando aún más. La compañía continúa trabajando en el plan estratégico 2019-2023, pero no lo está teniendo fácil debido a esa falta de avales y a las dificultades para encontrar un socio industrial que le permita superar la crisis en la que está inmersa. La falta de músculo financiero está impidiendo a la empresa optar a numerosos contratos y, con ello, cumplir el plan presentado el pasado mes de mayo para garantizar su viabilidad. Ante esta situación, la dirección del centenario grupo asturiano ya estudia realizar ajustes en este primer semestre, aunque aún no ha tomado una decisión sobre el carácter que tendrán ni su dimensión, pero se barajan distintas medidas para disminuir los costes, entre las que no se descarta una reducción de plantilla.

Tras el proceso de reestructuración del grupo en 2018, que supuso una ampliación de capital de 125 millones y una quita de 233, Duro Felguera se quedó con una deuda de 85 millones de euros con Santander, Liberbank, BBVA, Bankia, CaixaBank, Sabadell y Banco Cooperativo. En el acuerdo se incluía el compromiso por parte de estos de conceder una línea de avales por 100 millones de euros.

Sin embargo, año y medio después, los avales aún no han sido confirmados, lo que está suponiendo un duro lastre en la recuperación de Duro Felguera. Empresa y entidades financieras mantienen negociaciones frecuentes y, aunque algunas sí estarían dispuestas a conceder esas garantías, otras se muestran reticentes y defienden que el futuro de la compañía pasa por encontrar ese socio industrial, una búsqueda que continúa, pero que no ha fructificado aún. El empresario asturiano Blas Herrero se mostró interesado, pero no llegó a firmar el contrato de confidencialidad que le hubiera permitido conocer en más detalle la situación de Duro y continuar el proceso.

A pesar de estas dificultades, el grupo ha seguido contratando, aunque proyectos de menor tamaño y sin poder lograr la velocidad de crucero necesaria para salir de la crisis actual. De hecho, fuentes de la empresa consideran que, en esta situación, haber podido cerrar nuevos proyectos supone «todo un éxito» del nuevo equipo directivo, ya que los avales son indispensables en este tipo de modelo de negocio.

En este contexto, los objetivos de contratación de Duro Felguera en 2019 no se pudieron cumplir, a pesar de que en la compañía los consideran «muy realistas». Sin embargo, a pesar de las dificultades, el ebitda -beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones- ha mostrado una senda positiva ascendente durante todo 2019 -alcanzó un importe de 11,27 millones de euros en el tercer trimestre-.

La situación, sin embargo, cada vez se complica más y la dirección de Duro Felguera ya tiene sobre la mesa la necesidad de acometer ajustes a lo largo de 2020, incluso en este primer semestre. Fuentes internas, sin embargo, aseguran que «no se ha tomado la decisión sobre qué tipo de ajustes se van a realizar» y si estos pasan por un recorte de personal. No obstante, en el entorno de la compañía gijonesa se recuerda que en 2019 ya se produjo un importante ahorro de costes, sobre todo, con la optimización de procesos, el cierre de su sede madrileña y la concentración de trabajadores en la de Gijón. Además, también supuso una importante reducción de plantilla, aunque no de forma traumática y la mayoría se correspondió a bajas voluntarias.

El problema del grupo viene derivado de errores de gestión, fundamentalmente, en la etapa en la que estaba capitaneado por Ángel Antonio del Valle, que fue nombrado consejero delegado en 2008 y pasó a presidir la empresa entre 2011 y 2017. En este periodo, Duro asumió contratos de enorme envergadura y alto riesgo que le han acabado pasando factura. También de esas fechas derivan sus problemas con la justicia por el pago de posibles mordidas a altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez para lograr contratos en Venezuela o una reclamación de Hacienda de 122 millones de euros correspondiente a los ejercicios 2010-2012. Sin embargo, esos errores heredados continúan lastrando la actividad de una empresa con cerca de 1.300 trabajadores, casi la mitad de ellos en Gijón.