Dudas en las aseguradoras de Muface por el plan para calcular primas por tramos de edad

La cautela se ha impuesto entre las compañías encargadas de dar servicio sanitario a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. «Valoramos positivamente el esfuerzo de la Administración, pero tenemos que esperar a los pliegos, sobre todo para comprobar cómo quedará la nueva fórmula para calcular las primas por tramos de edad», explican fuentes de Asisa.

Esta es una de las principales novedades que el Ejecutivo ha introducido en su nueva licitación, con el objetivo de que la prima, hasta ahora lineal, de los asegurados, pase a calcularse con subidas graduales en función de la edad de cada funcionario. Es decir, se pagará más por asegurar a los colectivos de más edad y menos por los más jóvenes. «Antes de decidir si acudimos o no, tenemos que saber las cifras concretas, para poder hacer una estimación -teniendo en cuenta los grupos de edad de nuestros asegurados- y ver si nos compensa para evitar pérdidas», apuntan otras fuentes del sector.

Hay que tener en cuenta que, según las cifras públicas de Muface, el colectivo más numeroso de asegurados en este sistema se encuentra en la franja de entre 15 a 44 años, con 254.800 titulares y beneficiarios, seguidos de los que tienen entre 55 y 64 años, con 190.909, casi el mismo número de los que tienen entre 65 y 74. Si se suman todos los mayores de 55 y los que superan los 74, el número de asegurados es de 517.300, un 48% del total.

La incertidumbre en torno al futuro de este servicio es mayor teniendo en cuenta que una de las aseguradoras interesadas en seguir prestando el servicio apostaba por mantener el sistema de primas actual, según consta en la consulta pública puesta en marcha para que las firmas remitiesen al Gobierno sus propuestas económicas.

A esa llamada solo acudieron Asisa, que aglutina al 23,32% del colectivo, y DKV (13,17%). Y, según pudo saber este diario, esta última había planteado una subida de la prima del 40,6%, superior a la planteada ahora por el Gobierno y solo para el primer año, frente a los tres en los que se desarrollaría el nuevo acuerdo.

Adeslas, la firma a la que se acogen la mayoría de funcionarios con 508.703 mutualistas en 2023, no se presentó a aquella consulta pública. Y, aunque de momento guardan silencio a la espera de conocer los detalles de los pliegos, fuentes del sector apuntan a que también esperaba un concierto inferior a los tres años. ¿El motivo? Que con un plazo menor -de dos años, como el actual- es más fácil calcular la evolución de los costes que en los últimos ejercicios han agravado las pérdidas por la prestación de este servicio.

Bajo las nuevas condiciones, el importe del concierto pasa a ser de 4.478 millones de euros, lo que supone un incremento de 957 millones de euros. Además, el concierto pasa de dos a tres años, cubriendo hasta 2027. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027.

Con esta dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%. La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.

De momento, Muface ha convocado para este viernes 20 de diciembre al Consejo General de la Mutualidad, en el que están presentes los sindicatos, para informar de la nueva licitación, que el Ejecutivo espera lanzar de forma oficial antes de que termine el año tras aprobarla en Consejo de Ministros.

Tras varias jornadas de movilización, el sindicato CSIF aseguró que aprovecharán el encuentro para pedir explicaciones sobre los plazos de licitación, cuándo se firmaría el concierto, cómo se va a gestionar y los plazos sobre la posibilidad de cambio de entidad o el paso al Sistema Nacional de Salud.

Este último punto es clave, pues el tiempo corre en contra del acuerdo. Es cierto que Muface ha asegurado que cuando venza el plazo del actual convenio -con ampliación hasta el 31 de enero de 2025- los funcionarios tendrán su sanidad garantizada, amparándose en la ley de contratación pública que establece una posible prórroga del actual contrato. Pero con una condición: que la nueva licitación se haya publicado al menos tres meses antes de que finalice el concierto original, algo que no ocurre ni siquiera con la licitación que quedó desierta, que se publicó solo dos meses y medio antes.