El 'informe Draghi' cuestiona la viabilidad de la producción de acero verde en Europa

El también ex primer ministro italiano reconoce que la crisis energética de 2022 supuso una reducción drástica de la competitividad de la gran industria del continente, de la que no se ha recuperado, y que atribuye a dos causas fundamentales: los costes de la energía y los de las emisiones. A ellos se suman otros, como las importantes necesidades de inversión para abordar los procesos de descarbonización, así como la burocracia o la desiguladad de condiciones entre países. De hecho, aunque aboga claramente por acelerar la descarbonización para reducir la dependencia energética que tiene Europa, alerta del «riesgo» de deslocalizaciones por este motivo ante el éxito «incierto» de las ayudas que propone la Unión Europea, que considera insuficientes.

Como ejemplo, el Plan Objetivo 2040 estima que las necesidades de inversión de la siderurgia en su transición energética serán de alrededor de 100.000 millones de euros entre 2031 y 2040, pero además advierte de que gran parte de esos planes carecen de un argumento comercial claro. Es decir, pueden no ser viables económicamente. Es, precisamente, el argumento que está empleando Arcelor para mantener bloqueados sus proyectos verdes en Europa, entre ellos, el anunciado para Asturias. Porque, por un lado, los costes de operar las nuevas instalaciones son aún desconocidos al emplear tecnologías que no están maduras –cita Draghi «la desventaja del pionero»–, mientras que el mercado actual no está dispuesto a pagar más por un producto ecológico.

Pero incluso abordando esas inversiones, el acero verde europeo no será competitivo, según los cálculos que maneja. Su producción mediante hidrógeno con plantas de reducción directa del mineral de hierro (DRI) y hornos eléctricos híbridos –la ruta que propone Arcelor para Asturias– disparará el coste por tonelada a los 100 euros, alrededor de un 17% más caro que el que se podría conseguir en Estados Unidos o Arabia Saudí. Y el mercado del acero es global. «Es una brecha incluso mayor que la que existe hoy en día para el acero gris mediante hornos altos y hornos básicos de oxígeno» –el modelo asturiano actual–, explica el informe. Mientras, la sobreproducción mundial va al alza, ronda el 24%, con un exceso de capacidad de 611 millones de toneladas, y hay 124 más planificados, sobre todo en India.

Además, apunta otro problema, las inversiones de este tipo de industrias se plantean a muy largo plazo, de 30 a 40 años, y se necesita estabilidad para abordarlas.

Draghi es también muy crítico con los efectos del mercado de derechos de emisión y con el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), la suerte de arancel ambiental que ha diseñado Bruselas. Sobre el primero, afirma que «existe el riesgo de que, en lugar de conducir a la descarbonización de los procesos de producción, la inclusión de estas industrias en el sistema pueda contribuir a la deslocalización de procesos». Es decir, que las empresas decidan llevar su actividad fuera de Europa para no pagar los derechos de emisión. Además, pide que los ingresos de los países por ellos se destinen a ayudar a que las factorías aborden la descarbonización y no a asuntos variados, que van desde subvencionar la luz a las familias a modernizar edificios e infraestructuras, como cita en el caso de España. De hecho, apunta que habría que valorar si se retrasa la reducción de las asignaciones gratuitas de CO2 –empezará en 2026–, que hasta ahora han permitido a la siderurgia contener los costes de sus emisiones a un 2% del total.

Por otro lado, es muy crítico con el CBAM, una regulación que ve compleja de aplicar de forma coherente y uniforme, que será fácil de eludir, provocará un riesgo de deslocalizaciones también en industrias transformadoras y no igualará el terreno de juego en el caso de exportaciones.

Hechas suyas la mayoría de críticas y demandas del sector, la patronal siderúrgica europea, Eurofer, compartió ayer «plenamente» el diagnóstico de Draghi y avisó de que «no hay tiempo que perder, porque la resiliencia y la prosperidad de Europa están en juego». Su director general, Axel Eggert, insistió en que «los objetivos de descarbonización deberían alcanzarse sin cerrar plantas, pero, como dijo Mario Draghi, necesitamos un cambio radical en las políticas de la UE para reiniciar nuestra competitividad».