La descarbonización divide Europa en dos bloques

La división se hizo patente a mediados de noviembre pasado, en la Cumbre del Clima que se celebró en la ciudad alemana de Bonn, la llamada COP23. Reino Unido, Francia e Italia firmaron una declaración en la que apuestan por el cierre de las centrales de carbón e instan a los inversores a alejarse de esta forma de producir energía. En el escrito se apunta a que los análisis muestran que, para poder cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático, se necesita terminar con el carbón antes de 2030 en los países miembros de la OCDE y antes de 2050 en el resto.

Alemania, Polonia y España se quedaron fuera de esta declaración, que firmaron una veintena de países. Entre los Estados europeos que se adhirieron también figuran Austria, Portugal, Bélgica, Finlandia y Países Bajos. Fuera de la Unión Europea destaca Canadá, que junto a Reino Unido ha sido la promotora de esta declaración. «Respetamos la soberanía de cada país», señaló Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, sobre esa declaración.

España está inmersa ahora en la elaboración de su ley de cambio climático y transición energética, que deberá fijar la ruta que debe seguir en la próxima década para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones. A ese pretexto se ha agarrado Iberdrola anunciando su intención de cerrar Lada y Velilla, lo que ha levantado ampollas en Asturias. Los agentes sociales, la mayoría de los partidos políticos y el Gobierno del Principado han advertido de que echar el candado a la térmica de Langreo perjudicaría a toda la estructura económica de la región. El Ejecutivo central está del lado de esta comunidad autónoma y, de momento, ha avisado a la compañía eléctrica que no puede decidir el cierre de las térmicas de forma unilateral.

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, dejó claro que «la política energética de un país la hace el Gobierno, no las empresas». «Cuando hablamos de energía hablamos de un bien o servicio esencial para el desarrollo de la actividad doméstica y empresarial. Corresponde por ello al Gobierno determinar cuáles son las prioridades del interés general. En este caso debe ser el Gobierno quien preserve el equilibrio entre el interés ambiental, económico, técnico y social. Ese es quid de la cuestión», zanjó.