¿Debe el Estado más de 100.000 millones al sistema de pensiones?

El Tribunal de Cuentas, en un informe de hace unos días, afirmaba que el coste asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, en concreto, la asistencia sanitaria y los complementos a mínimos de pensiones, asciende a 103.690 millones entre 1989 y 2018. Pero, al tiempo, recogía que la deuda de la Seguridad Social frente al Estado rebasa los 50.000 millones. Para Carlos Vidal-Meliá, profesor de la Universidad de Valencia, el problema de fondo es que ello no está debidamente reflejado en la contabilidad del sistema de la Seguridad Social por la «falta de transparencia». Así, a juicio de Vidal-Meliá, el dictamen del Tribunal de Cuentas en concreto no es vinculante: ante la inexistencia de un balance que relacione las obligaciones de los cotizantes con las prestaciones de los pensionistas, la deuda no está valorada, reconocida y contabilizada.

El Tribunal alertaba también de que la Seguridad Social «adolece de un problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural» «dado que los recursos contributivos obtenidos no son suficientes para satisfacer el actual nivel de prestaciones económicas de igual naturaleza». Avisaba de que, de no acometer «de manera urgente las reformas necesarias», «peligrarían la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema». El organismo sugería convertir los préstamos del Estado en transferencias, en línea con la reivindicación sindical. Pero Vidal-Meliá discrepa: «La solución no es transferir más dinero del presupuesto público (que está en una senda de crecimiento insostenible de la deuda pública), hay que reformar el sistema».