Contratar a una empleada del hogar cuesta este año a las familias 133 euros más al mes

En concreto, contratar a una empleada doméstica por una jornada de ocho horas diarias, algo que muchos hogares hacen para atender el cuidado de los niños o de una persona mayor o dependiente, supone ya un desembolso mensual de 1.537 euros, aunque de esta nómina el empleador puede descontar, si quiere, la cuota a la Seguridad Social que corresponde a la trabajadora y que se sitúa en los 80 euros. Significa esto que este ejercicio las familias se gastarán casi 18.500 euros por este servicio que para muchos supone una necesidad, 9.400 euros si la tienen contratada solo a media jornada.

El sueldo de una empleada del hogar pasará este año, al igual que el resto de los cerca de 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, de 1.000 a 1.080 euros repartidos en 14 pagas (1.260 euros en 12 mensualidades), tras la reciente subida del 8% aprobada por el Gobierno. Esto supone un coste adicional de 1.120 euros al año.

Pero a esta subida de la remuneración legal más baja en España (que es la que habitualmente se paga a este colectivo) hay que sumar el encarecimiento de las cotizaciones que se paga por tener a una empleada doméstica, ya que al aumento de la base mínima derivada del alza del SMI hay que añadir el nuevo sistema de cotización que rige en este sector desde el pasado mes de octubre y el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que entró en vigor en enero para pagar las pensiones de la generación del 'baby boom'.

Así, si en enero de 2022 el empleador pagaba una cuota de 237,7 euros al mes por su trabajadora del hogar, esta cantidad se ha elevado este año a 277,45 euros mensuales (descontado ya el 20% de bonificación que hay), lo que supone un incremento de 39,68 euros -según los cálculos realizados para este periódico por Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)-, lo que representa un extra de casi 500 euros en el último año.

Las empleadas del hogar estrenaron el pasado octubre un nuevo sistema de cotización que prácticamente las equipara en derechos al resto de trabajadores del Régimen General, ya que históricamente sufrían una notable discriminación que las privaba del derecho a paro, al resto de prestaciones asistenciales o a bajas laborales, entre otras cuestiones. Así, ahora es obligatorio cotizar por desempleo y Fogasa (el Fondo de Garantía Social que se hace cargo de las indemnizaciones cuando hay insolvencias), tanto para el empleador como para la trabajadora, lo que implicará un mayor esfuerzo contributivo para ambos, aunque el Gobierno bonifica a las familias con el 80% de esta nueva cuota.

Pero, además, la nueva norma modifica las bases de cotización de este colectivo, que pasan de regirse por diez tramos a ocho, elevando la cuota mínima para las relaciones laborales de menos horas y eliminando los dos tramos más altos. Eso sí, el Gobierno bonifica a todos los hogares con una reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes, que puede elevarse al 45% en el caso de las familias numerosas.

Asimismo, si hasta ahora la ley eximía de la obligación de cotizar por su trabajadora a los empleadores que la tuvieran contratada menos de 60 horas al mes, el nuevo real decreto elimina este precepto y desde el 1 de enero las altas y bajas y las modificaciones de las condiciones de trabajo deberán ser gestionadas por la persona que contrata, como en el resto de empleos. Y también se pone fin al despido sin causa, aunque se mantiene una indemnización mínima de 12 días por año trabajado con un máximo de seis mensualidades.