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p. alonso
Martes, 2 de junio 2020, 01:30
Las compañías áreas están obligadas a reembolsar el importe de los billetes de los vuelos cancelados durante el estado de alarma en un plazo de siete días. Así lo recoge la normativa comunitaria europea y la Ley General de Defensa de los Consumidores ... y Usuarios y así lo ha recordado el Ministerio de Consumo, que ha interpuesto una acción judicial en los tribunales de lo mercantil contra un mínimo de 17 aerolíneas por no informar correctamente u omitir información del derecho a la devolución que asiste a los viajeros en caso de cancelación.
El ministerio que dirige Alberto Garzón acusa a las compañías, entre ellas Iberia, Air Europa, Air France, Lufthansa, EasyJet o Ryanair, de realizar una «práctica comercial desleal que supone una infracción grave» y les reclama que informen correctamente a los usuarios de los derechos que les asisten. Hasta ahora, las aerolíneas ofrecían a los clientes, cuyos vuelos se habían cancelado como consecuencia del estado de alarma, la posibilidad de adquirir un vale o bono, por importe del billete y canjeable por otro vuelo. Pero nunca la devolución del importe, como era su obligación según la legislación vigente.
Hace dos semanas, el ministro Garzón escribió una carta a las compañías implicadas en el que les comunicaba que se había observado esa mala práctica y pedía que rectificaran e hicieran efectivo el derecho de reembolso. Como no ha habido una respuesta positiva por su parte, se ha decidido a recurrir a los tribunales. Con el objetivo de que las aerolíneas cesen esa práctica «contraria a la ley», el ministerio ha interpuesto una acción de cesación y ha solicitado también a la justicia que declare nulos todos los contratos por los que los viajeros hayan aceptado el bono sustitutorio si este se ha adquirido mediante un consentimiento viciado.
La decisión de acudir a la justicia ha sido ya comunicada a las comunidades autónomas. En este sentido, «Asturias ha apoyado la iniciativa de que el ministerio pudiera asumir cierta capacidad sancionadora ante estas infracciones», señaló ayer el director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, José Ignacio Altolaguirre, que anunció que el Principado «hará uso de nuestras competencias en materia sancionadora». De este modo, «siempre que detectemos que alguna compañía no está informando correctamente sobre los derechos del consumidor vamos a abrir expediente sancionador», advirtió.
La existencia de un marco legal que ampare a los clientes afectados abre la puerta a un aluvión de reclamaciones.
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