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PALOMA LAMADRID
GIJÓN.
Domingo, 10 de noviembre 2019, 04:26
La construcción se recupera lentamente de los efectos devastadores que tuvo para el sector la crisis. Prueba de ello es el aumento de las licitaciones de obra por parte de las administraciones públicas, cuyo partida ascendió a 113,8 millones de euros, entre enero ... y julio, en Asturias. Cantidad que supone un aumento cercano al 64% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando los contratos sumaron 69,4 millones, tal y como recoge el último informe de coyuntura regional de la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei), basado en datos del Ministerio de Fomento.
Esta notable subida se debe al auge en la contratación del Estado, que pasó de 12,2 millones el año anterior a 58 en 2019 (372,5% más). En cambio, el montante destinado por el Principado a la licitación de obra pública descendió ligeramente, desde 57,1 millones hasta 55,8 (-2,4%). Aunque el incremento en el total de contrataciones es elevado, lo cierto es que está muy lejos de alcanzar las cantidades de años atrás. No hay que remontarse siquiera a antes de la crisis. En los siete primeros meses de 2013, en mitad de la grave desaceleración, las licitaciones oficiales en la región ascendieron a 213 millones de euros, casi el doble que este año.
De hecho, el aumento del presupuesto destinado a obra pública es una vieja reivindicación de la patronal de la construcción. CAC-Asprocon -que aglutina a contratistas, promotores e industria auxiliar- ha puesto de manifiesto esta necesidad en numerosas ocasiones en los últimos años, dado el fortísimo impacto de la crisis en el 'ladrillo'. «Entendemos que existe una carencia en inversión pública destinada al mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras en Asturias», apunta su presidente, Joel García.
Aunque reconoce que ha habido un incremento respecto a 2018, considera que «está aún muy lejos de lo que necesita el sector para alcanzar su estabilidad, que es lo que necesita Asturias». En este sentido, García incide en que «es importante recordar que la construcción es un sector dinamizador de empleo y de fomento de la economía regional». En la última asamblea general de CAC-Asprocon, celebrada el pasado mes de junio, el propio presidente del colectivo profesional lamentó que la cantidad invertida hasta el momento por el Principado había sido «ridícula».
García señaló entonces que bastaba con «dar una vuelta» por la calle para observar las numerosas deficiencias del entorno urbano. Para cubrir estas carencias, es necesario «disponer de un umbral de inversión mínimo que se distribuya de manera uniforme a lo largo de todo el ejercicio». Una cantidad base para conservación de infraestructuras que el presidente de CAC-Asprocon situó en el 3% del presupuesto regional. Así, la patronal plantea al Gobierno regional que establezca un presupuesto cerrado al inicio del año, de forma que lo que se licite se contrate en ese mismo ejercicio. Según la patronal de la construcción, ahora las obras tardan alrededor de ocho meses en adjudicarse. Sí han conseguido los constructores que el Principado incluya cláusulas sociales a la hora de licitar obra pública y que no solo se atendiera al criterio del precio -favorece a las empresas locales, con mejores condiciones laborales que las de otras regiones-, medida que esperan que se extienda a los ayuntamientos asturianos.
La construcción de edificios y viviendas no despega de la misma manera. En los siete primeros meses, se expidieron 1.077 certificaciones de fin de obra correspondientes a inmuebles, frente a las 945 de 2018 (14%). En el caso de las viviendas terminadas, aumentaron un 5,5%, hasta las 1.042. En cuanto a los visados entregados para las construcciones de nueva planta -que no tiene por qué coincidir con las obras que se inician, ya que hacen falta distintas licencias y permisos-, solo aumentaron un 2,2%, hasta las 370, en el caso de los edificios. En cuanto a los visados para viviendas, cayeron un 45,1%, de 1.325 a 727, en un año.
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