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El Principado mantiene su esperanza de tratar el problema de la siniestralidad laboral en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Cantabria el próximo mes de diciembre. A pesar de la negativa del Gobierno central a incluirlo en el orden del día, ... el presidente regional, Adrián Barbón, se comprometió ayer con los sindicatos a pedir a sus homólogos que ejerzan la influencia necesaria en el Parlamento español para sacar adelante un pacto de Estado contra la siniestralidad, una lacra que cuesta la vida a dos personas al día en España y que ha segado la de catorce trabajadores en Asturias en lo que va de año. Así se lo confirmó ayer a los secretarios generales de CC OO y UGT, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, en un encuentro que mantuvo en la sede de la Presidencia. «Una reunión importante», en palabras del primero, para trasladar la preocupación compartida de las organizaciones sindicales y del propio presidente regional. «Hay que seguir trabajando en esta línea para que haya una proposición no de ley en la Junta que traslade la necesidad de un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral», recalcó también.
La cita se celebró ayer y, aunque ya estaba prevista con anterioridad, tuvo lugar tan solo un día después de que la región sufriera otro accidente de consideración, en este caso en la empresa Aleastur, donde una explosión dejó tres heridos, uno de ellos de gravedad, que ha sido trasladado a la unidad de grandes quemados del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. «Esto es un no parar en accidentes de trabajo», lamentó Lanero, que señaló que ya «parece que damos normalidad a que la gente se accidente y muera por ir a trabajar». De ahí que pidiera a Barbón que sirva de interlocutor con la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). «Necesitamos que se ponga con nosotros a tomar medidas en materia de seguridad laboral. En todo este tiempo, salvo quejarse y echar la culpa a todos los demás, a los trabajadores, a los gobiernos, no han hecho ni una sola propuesta de qué van a hacer ante el alto grado de accidentalidad que tienen», censuró, para añadir que están «para apoyarlos, pero queremos que estén con nosotros, entendiendo el problema y si necesitan ayudas, van a tener nuestro apoyo».
En este sentido, recordó el protocolo de actuación acordado entre el Principado, los agentes sociales y la Delegación del Gobierno que implica, entre otras medidas, más efectivos para el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y para la Inspección de Trabajo. El primer subinspector que se suma a la plantilla de este último organismo ya se ha incorporado, explicó. En total, el plan anunciado pasa por la llegada de tres inspectores y un subinspector, mientras que en el Instituto se cubrirán las cuatro vacantes que tenía y se contratarán a siete técnicos más. «Nos va la vida en ello», insistió Zapico, que recordó a Barbón algunas de las propuestas del sindicato que prometió valorar, como que haya ayudas para las familias en las que haya huérfanos de víctimas de los accidentes laborales o que el Principado se persone en algunos casos, cuando los informes preliminares detecten negligencias graves como la ausencia de medidas de prevención. Asimismo, ambos insistieron en la necesidad de que la comunidad tenga presupuestos para el próximo año, de forma que se garanticen recursos suficientes para emergencias, como pueden ser más bomberos, pero también para sufragar el plan de choque que conllevará esas nuevas plazas de efectivos de prevención.
Lanero, por su parte, defendió la necesidad de que se revisen y se auditen las empresas de prevención ajenas, a las que recurren el 90% de las compañías de la comunidad, «un uso y abuso muy exagerado», y abogó por que se analicen los trabajadores que lleva cada técnico, qué seguimiento de los puestos de trabajo se realiza, «porque no son estáticos, sino que cambian de manera continua», y que se investiguen también las empresas que tienen altos índices de siniestralidad.
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