Paso de gigante para dar estabilidad a Duro Felguera

La normativa española obliga a presentar una opa cuando se alcanza el 30% de las acciones de otra entidad, sin embargo, hay circunstancias que posibilitan esa exención. Así, el supervisor considera que, en este caso, se dan las condiciones previstas en el Real Decreto 1066/2007, del 27 de julio. En concreto, cita el caso de «adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de créditos en acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente, aunque no esté en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad».

Con esta autorización se podrá dar paso ahora a las ampliaciones de capital previstas en el acuerdo con las que se culminaría la compleja operación con la que se pretende salvar definitivamente a Duro Felguera.

La compañía asturiana ya ha recibido sendos préstamos de 40 y 50 millones de euros por parte de los inversores mexicanos. Tras la exención, se prevé acometer una primera ampliación de capital que se estructura en dos partes, 40 millones de euros con derechos de suscripción preferente para los accionistas actuales y la cantidad que no se suscriba hasta esos 40 millones, la cubrirá Mota Engil México. De este modo, podría elevar su peso en el capital, como máximo, hasta el 24%. La operación se completará con una segunda ampliación por capitalización, que consistirá en la conversión del préstamo e intereses del Grupo Prodi, por 50 millones de euros, y que dará lugar a una participación del 31%. Por tanto, el porcentaje final oscilará entre el mínimo del 31% y un máximo del 55%. No obstante, de una u otra forma, dada la actual atomización del accionariado, los mexicanos tomarán el control de la centenaria empresa asturiana.

Se da la circunstancia de que este mismo martes, el Sindicato de Accionistas Minoritario de Duro Felguera (SAM) había instado a la compañía a informar sobre este procedimiento y, en caso de no hacerlo, había amenazado con acudir, precisamente, a la CNMV.