Cinco empresas asturianas, investigadas en una operación antifraude de Hacienda

La operación se llama 'Argamasa' y se llevó a cabo el miércoles entre las 9 y 10 de la mañana. El objetivo: investigar un posible fraude fiscal en empresas de venta de material de la construcción ante la detección de una serie de indicios. Uno de ellos es haber encontrado entre sus socios signos externos de riqueza que llevan a sospechar de la ocultación de ingresos (alquiler de cajas de seguridad o el uso de tarjetas personales de alto importe). Y el otro, contar con unos márgenes «anormalmente bajos» a los de su sector pese a que entre las 74 firmas inspeccionadas facturaron en 2021 cerca de 280 millones de euros.

La Agencia Tributaria inicia así una actuación administrativa que afecta a cinco empresas asturianas y que, como se decía, se ha llevado a cabo en todo el país.

En concreto, en catorce comunidades autónomas mediante la personación de más de 300 funcionarios de la Agencia en 71 locales. Además de los cinco de Asturias, entraron en once de Cataluña; en nueve de Madrid, en ocho tanto en Galicia como de la Comunidad Valenciana como de Andalucía; seis de Castilla y León, cuatro de Canarias, otros tantos de Aragón; tres de Baleares, dos de Extremadura y en los restantes: uno en Cantabria, otro en Castilla-La Mancha y otro en Murcia.

Además de a 74 sociedades, investiga a 25 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar).

Explica la Agencia Tributaria que «más allá del ámbito del pequeño comercio, que no es objeto de esta operación, el sector de venta de materiales de construcción presenta unas especiales características en cuanto a su funcionamiento económico». Comenta así que «se trata de un sector con escaso uso de pago a través de tarjetas (este tipo de abono representa menos de un 8% de facturación)». Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo de efectivo, «dado que se trata de un sector con un gran volumen de operativa comercial con otros empresarios», esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las «también escasas imposiciones de efectivo en cuentas (menos de un 6% de la facturación), merecen especial atención y un examen más exhaustivo sobre la correcta declaración de los ingresos».

Dentro de la operación -administrativa y que no está judicializada-, la Agencia ha logrado acceder a documentación e información contable, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información para confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas. «En alguna de las personaciones ya se ha detectado la existencia y utilización de software de ocultación de ventas o 'doble uso'». A partir de ahora, la inspección proseguirá su curso como cualquier otra inspección fiscal: se analizará la documentación y si es preciso, se solicitará que aporten más documentación, además de intercambiar comunicación con las defensas de dichas empresas.

Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron a este periódico que este tipo de actuaciones (más de una veintena en la última década en distintos sectores) pueden durar año y medio y acabar, llegado el caso, con el acta que reclama la liquidación por la cantidad que se estima defraudada. Advierte también Hacienda que a lo largo de este año mantendrá la presencia en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecia alto riesgo de existencia de economía sumergida. Se menciona, en particular, el sector de la construcción y las reformas. Se está haciendo llegar cartas de aviso a otras empresas informando de la conveniencia de revisar sus magnitudes tributarias declaradas, así como de visitas para el control in situ.

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