Los camioneros asturianos no retomarán los paros

De los presentes, solo tres votaron a favor de volver a las movilizaciones, 76 en contra y hubo 156 abstenciones, más de la mitad del total, un hecho que se explica por lo sucedido en la asamblea de delegados que tuvo lugar en Madrid el día antes, en la que se tuvo constancia de que el Gobierno había enviado el viernes por la noche el borrador de la ley que prepara para prohibir trabajar a pérdidas. Esta normativa es una de las principales reivindicaciones de la plataforma y su retraso fue una de las razones que llevó a plantear la consulta.

«El borrador se mandó el viernes por la noche y no ha dado tiempo para que lo valore el departamento jurídico», explicó ayer Maxi Cotera, delegado provincial de la plataforma en Asturias, «nosotros contamos lo que había y gente que iba a votar que sí decidió abstenerse».

Con los carburantes en máximos históricos, los transportistas están sufriendo fuertemente las consecuencias de la escalada de precios. La gasolina marcó ayer de media los 2,13 euros el litro, mientras que el diésel llegó a los 2,10 euros, por lo que la subvención del Gobierno de 20 céntimos ha quedado ya absorbida por completo.

«La situación es límite, crítica, y están cayendo compañeros todos los días», apuntó Cotera, que valora también la promesa del Gobierno de sentarse a negociar con la plataforma el desarrollo de ese borrador. «El Comité Nacional del Transporte dirá lo que tenga que decir y nosotros lo que consideremos».

La reclamación de que el Ejecutivo les diera voz en las negociaciones fue otro de los asuntos que más enquistó el paro del mes de marzo. De ahí que ahora se quiera dar un voto de confianza, aunque con muchos matices. «¿Nos fiamos del Gobierno? No, pero si nos dan la oportunidad de aportar nuestra postura después de 30 años, hay que aprovecharla», apostilló Cotera tras la asamblea, en la que participaron tanto camioneros asturianos como una pequeña delegación de León, cuyos profesionales se repartieron entre la asamblea de Silvota y otra en Zamora.

La amenaza era seria. El presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte y líder de los paros de hace tres meses, Manuel Hernández, aseguraba hace unos días que si la Administración no remediaba esta situación se verían obligados a «reactivar la huelga que se suspendió el 2 de abril». En declaraciones a este periódico, Hernández explicó que si las promesas del Gobierno no se cumplen, la plataforma volverá al «paro indefinido». Así, aunque este sábado el Gobierno aprobó el nuevo plan anticrisis en el que se incluye el retraso de las cuotas a la Seguridad Social al sector de transporte, así como la extensión de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, Hernández sostuvo que la solución a esta situación «no pasa por subvenciones», sino por un «cambio legislativo de fondo».

El Ministerio de Transportes, en el marco del paro que tuvo lugar en marzo, se comprometió a aprobar una ley que prohibiera trabajar a pérdidas, basándose en los principios de la ya existente ley de cadena la alimentaria, antes del día 30 de julio, por lo que aún quedaría un mes. Coteroada por sentado que esa normativa no estará vigente en un mes, pero espera que al menos quede redactada para que pase a fase parlamentaria en septiembre.

Al contrario de lo que sucedió en marzo, cuando los paros contaron con el apoyo explícito de la Unión Independiente de Transportistas Autonomos (UITA) y de Cesintra, mientras Asetra los rechazaba, ahora ninguna de las tres grandes asociaciones asturianas los respaldaba. Aseguran que, en la región, los clientes están asumiendo que se repercuta en el precio del servicio el aumento de los costes, aunque reconocen que en otros lugares de España no está siendo así. El problema, explican desde el sector, es que la competencia entre empresas hace que se acepten pedidos que no son rentables, aunque en el Principado la situación es menos mala que en otros lugares.

No obstante, la percepción es de que se está en una situación crítica, a pesar de que no falta demanda. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) -máximo órgano de representación del sector- pidió la semana pasada al ministerio más apoyo, como ampliar la subvención a los carburantes a 40 céntimos por litro o la extensión de las ayudas directas a los transportistas.

Desde el sector agroalimentario ya han advertido de que un paro sería «inasumible». «La cadena agroalimentaria no podría soportar una nueva huelga del transporte», aseguraron bajo un mismo comunicado la semana pasada organizaciones agrarias y empresariales. «Mostramos la máxima preocupación por las graves consecuencias que un nuevo paro podría tener sobre las empresas y los consumidores», denunciaron. Sobre todo alertaron sobre la campaña de recogida de fruta, donde gran parte de la producción tiene como destino otros países y un paro del transporte por carretera significaría pérdida de prestigio y de destinos de exportación.