Salvado Arroyo
Bruselas
Martes, 14 de enero 2020, 19:51
Tan astronómica como compleja de visualizar y tan ambiciosa como difícil de amarrar. Un billón de euros. Esa es la cifra que sustenta el plan de Bruselas para hacer de Europa un continente neutro en emisiones de efecto invernadero en 2050. Una cascada de inversiones ... propuesta solo para los próximos diez años que debería tomar forma, fundamentalmente, redirigiendo las ayudas de los Estados miembros a proyectos 'verdes'. Dinero público que se convertiría en una garantía para que el gasto privado fluya en el mismo sentido. Y aquí el Banco Europeo de Inversiones jugará un papel clave. Ni un euro para el que contamine.
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El problema es que esa propuesta está directamente vinculada con una batalla que aún continúa abierta: la del presupuesto de la UE para el período 2021-2027, que tendría que destinar el 25% de sus fondos al plan. Lo que implica hacer ingeniería y reducir el dinero que se dedica hoy a fondos agrícolas, de cohesión o estructurales.
De ahí tendría que salir más de la mitad del dinero necesario; el resto de avales públicos a través de InvestEU (45.000 millones) -lo que se identificaba como 'plan Juncker'-, contribuciones particulares de los Estados y de una especie de 'subfondo' (100.000 millones de euros anuales) que se abriría específicamente a las regiones europeas con gran dependencia de combustibles fósiles y alta implantación de industrias contaminantes. En otras palabras países del centro y este de la UE como Polonia o Hungría, reacios a pisar el acelerador hacia las emisiones cero.
Esos 100.000 euros anuales están en el eje del plan. Se han convertido, de hecho, en la bandera de Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para «apoyar a ciudadanos y regiones obligadas a hacer mayores esfuerzos en esta transformación. No queremos dejar a nadie atrás», remarca. Y ¿cómo funcionará? La idea es que los Estados miembros, en negociaciones con la Comisión, presenten una especie de mapa de las regiones que podrían acogerse a los planes de transición. Cada socio del club deberá aportar un euro por cada euro que salga de esa bolsa de ayuda común, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo Plus, «además de proporcionar recursos adicionales». La Comisión prevé que esos movimientos generen entre 30 000 y 50 000 millones de euros de financiación «lo que a su vez movilizará incluso más inversiones». Se ponen como ejemplo distintos usos: desde ayudar a mejorar la capacitación de los trabajadores hasta fomentar pymes, empresas emergentes y viveros de empresas, que creen nuevas oportunidades económicas en las regiones. A modo de ejemplo, se apunta a acciones ya encaminadas como la reconversión de una antigua mina de carbón en Katowice (Polonia) en área cultural.
Sin perder de vista proyectos de eficiencia energética. Como la construcción de 524 viviendas sociales asequibles y energéticamente eficientes en Navarra. Su efecto, según datos de la Comisión, se mide en 700 empleos solo en la fase de construcción y, colateralmente, una caída en los costes de calefacción: 75 euros al año frente a los 785 de las facturas en apartamentos con tres décadas o más de antigüedad.
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«El Mecanismo para una Transición Justa contribuirá a apoyar a los más afectados. Este es nuestro compromiso de solidaridad y equidad», defendió Frans Timmermans, el vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, quien en su discurso ante la Eurocámara se dirigió a «los mineros de Silesia, de Asturias o de Macedonia».
Polonia se desmarcó en la cumbre de diciembre del acuerdo para la neutralidad climática en 2050. Entre las conclusiones no hubo precisión sobre si la energía nuclear debía considerarse 'green' y, por tanto, admisible, para esa transición. Este martes, el comisario Johannes Hahn, responsable de Presupuesto, aseguró a los eurodiputados que no se promoverá su producción.
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