Braga defiende la «rigor, honestidad, y buena fe» de UGT con los fondos de formación

Su declaración, que fue la última del horario de mañana, se alargó durante casi dos horas y contó con varios momentos de tensión. Sobre todo, cuando el turno de preguntas llegó a los diputados de PP y Podemos. En ambos casos, ante la lluvia de preguntas relacionados con los presuntos casos de desvío de fondos públicos, Braga vio vulnerado su derecho al honor y pidió en numerosas ocasiones la intervención del presidente de la mesa, Emilio León de Podemos.

Durante su intervención, Braga apuntó a la importancia de los cursos de formación para ampliar las competencias de trabajadores y parados y mostró su confianza en que la comisión parlamentaria sirviese para «detener la negativa leyenda urbana que existe con la gestión de los cursos de formación».

Hacia PP y Podemos se dirigió para recriminarles su «obsesión» por destruir algunas organizaciones sindicales condenándolas «alegremente y sin medir las consecuencias». También subrayó su deseo de seguir colaborando «activamente» en las diligencias judiciales, pero ha denunciado su situación «de total y absoluta indefensión» por su «excesiva indeterminación», lo que le impide conocer qué pena se le imputa.

El exdirigente sindical, que ha acudido acompañado de su abogado, ha apelado a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 13 de diciembre de 2018, sobre el derecho al honor, y tras varios minutos broncos el presidente de la comisión, el diputado de Podemos Emilio León, ha parado la sesión para preguntar a los servicios jurídicos de la Cámara sobre este extremo.

El exdirigente sindical, que ha acudido acompañado de su abogado, se ha acogido a su derecho a no declarar y a no contestar a preguntas concretas de los portavoces parlamentarios, pero la decisión de la portavoz popular, Gloria García, de realizar sus preguntas ha generado un momento de tensión.

Por otra parte, el compareciente ha denunciado su situación «de total y absoluta indefensión» en el ámbito judicial por la «excesiva indeterminación» de las diligencias judiciales.