«La resolución del Supremo sobre las hipotecas es un atropello»

«Posiblemente estamos asistiendo al capítulo más oscuro en la historia judicial española». Así comenzaba ayer el manifiesto que representantes de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) leyeron durante la concentración en rechazo al fallo sobre las hipotecas en la plaza de Porlier, en Oviedo. La protesta, convocada por la UCE y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), congregó ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias a decenas de personas que exigieron una mayor independencia del poder judicial y la retroactividad del Real Decreto del Gobierno con el que se exime a los clientes de pagar el impuesto hipotecario.

«Escándalo», «atropello a la mayoría social», «absolutamente infame», «actitud bochornosa», o «tontería innecesaria» fueron algunos de los calificativos que los asistentes dedicaron a la decisión del Tribunal, que sentó doctrina señalando, finalmente, que los clientes deben hacerse cargo del pago del impuesto hipotecario.

La independencia del poder judicial fue algo que se cuestionó. «Los grandes bancos pagan la campaña de las formaciones políticas, los partidos nombran la composición del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y después ese mismo Tribunal responde a favor de los bancos. Hay un claro conflicto de intereses», explicó el secretario seneral de Podemos Asturias Daniel Ripa.

«Ha habido una clara dependencia política», reconoció el secretario general de UGT-Asturias, Javier Lanero. «España no se puede permitir ser el hazmerreír de media Europa. Con estas decisiones se pone en duda la credibilidad del Tribunal Supremo y su independencia», criticó Lanero. A su juicio, esto «da alas» a grupos «extremistas» que ponen en duda «el sistema democrático y las libertades en las que nos asentamos».

Por esa falta de independencia, la UCE pidió la dimisión de Luis María Diez, presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, y de Carlos Lesmes, presidente del máximo órgano del poder judicial, a quienes tacharon de «artífices de este bochornoso espectáculo».

En relación a la retroactividad del Real Decreto, Dacio Alonso incidió en que «el banco tiene la obligación de devolver los gastos de formalización de la hipoteca a las miles de familias que ya lo pagaron».

El miedo latente es que la nueva norma termine repercutiendo en los ciudadanos. «Siempre tienen la manera de repercutirlo por otras vías», indicó Pilar Lobo, portavoz de la PAH de Oviedo. Para ella, la solución se encuentra en aprobar una nueva Ley Hipotecaria «que esté a la altura de los estándares europeos». Por su parte, Dacio Alonso instó a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a abrir de oficio un expediente. «Los bancos van a incrementar los precios. Tendría que haber ya un expediente en marcha para los bancos que están lanzando este mensaje», dijo.

La indignación por la decisión del alto Tribunal se extendió también por Gijón, donde la concentración tuvo lugar en la plaza del Parchís. «La decisión final del Tribunal Supremo supone una vergüenza y un golpe para la sociedad», manifestó Adrián Arias, presidente de la Federación de Vecinos, quién incidió en que el poder judicial «debe defender a los ciudadanos y no a los bancos». Lamentó, asimismo, las formas en las que el máximo órgano del poder judicial dio marcha atrás a las sentencias «valientes» que obligaban a la banca a asumir el impuesto hipotecario y exigió también al Ejecutivo central que se adelante a la respuesta de las entidades bancarias. «Ya han advertido de que aumentarán el tipo de interés para compensar las pérdidas del impuesto hipotecario y hacer así que nuevamente lo paguen los clientes», aseguró Arias.

Con las concentraciones de Gijón y Oviedo, Asturias se sumaba a la protesta nacional que tuvo en Madrid su máxima representación. Fueron miles las personas que se acercaron a los alrededores del Tribunal Supremo en señal de protesta. Según explicó el abogado gijonés Ignacio García, presente en la movilización de la capital, «lo que ha sucedido es muy gordo, no tiene precedentes jurídicos». Y así lo entendieron los manifestantes que repitieron numerosos cánticos contra la banca y los jueces del Tribunal Supremo.