Manuel Menéndez. A. PIÑA

El control de la entidad más allá de 2023 dificulta la fusión entre Liberbank y Unicaja

Los consejos de los dos bancos intensifican los contactos para cerrar un acuerdo antes del 1 enero, cuando caduca la auditoria de las cuentas

Martes, 22 de diciembre 2020, 01:28

La fusión de Unicaja y Liberbank no ha descarrilado, pero se aproxima de nuevo hacia un punto muerto. Las mayores presiones se concentran ahora en el entorno de la entidad malagueña y las líneas rojas que muchos de sus consejeros no están dispuestos a ... traspasar. Y, a estas, una más que era vista con distancia hace dos meses y medio cuando de formalizaron las negociaciones, es la que marca el calendario. En ocho días, cuando se esfume el 2020, también lo hará el plazo de validez de las cuentas utilizadas para la 'due diligence'. Esto es, la auditoría elaborada por consultores externos para determinar si sendas entidades cumplen con la diligencia debida. Esta fase, que fue anunciada el 5 de octubre -el día que se oficializaron los contactos- permitió a cada banco tener acceso a las cuentas y la información relevante del otro para, por ejemplo, confirmar que no existen riesgos legales sustanciales derivados de su actividad. La cuestión es que esos informes corresponden al primer semestre del año. Es decir, de prolongarse las conversaciones más allá del 31 de diciembre habría que iniciar una nueva 'due diligence'. O sea, volver a empezar.

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Pero, la sensación de la falta de avances no significa que las conversaciones estén rotas. De hecho, los consejos de Liberbank y Unicaja siguen hablando a diario y está previsto que estos contactos se intensifiquen en esta recta final de año. Lejos queda ahora aquella premonición de que «será un proceso rápido» expresada desde Liberbank el 26 de octubre´, cuando presentaba los resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año.

La fusión siempre fue vista con buenos ojos por el mercado, y también por el Banco Central Europeo (BCE) que desde agosto viene invocando las fusiones bancarias como remedio a la baja rentabilidad del sector. En el caso de Liberbank y Unicaja, sendas entidades partían con un capital potente, elevados ratios de solvencia y bajos los de morosidad. Pero es precisamente el BCE el que se ha metido de por medio en esta operación ya que no gusta uno de los puntos que siguen sin cerrarse: el control de la entidad resultante. No tanto en el corto plazo que parece atado, sino en la gobernanza en el medio y largo.

Aquí viene el conflicto. No hay pegas a que el actual consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, conserve su cargo en el nuevo banco. Tampoco, a que el máximo dirigente de Unicaja, Manuel Azuaga, sea el presidente ejecutivo. La entidad malagueña jugó una baza que dejó este asunto fuera de discusión. Aceptó una ecuación de canje del 59,5% frente al 40,5% de Liberbank, rebajando ligeramente su pretensión inicial de obtener al menos del 60% del capital. Bien es cierto que, observando la diferencia de activos al finalizar el tercer trimestre el resultado era 57%-43%.

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¿Por qué entonces se discute sobre el año 2023? Por un lado, es la fecha en que Manuel Azuaga, de 73 años, cuenta con abandonar el cargo. Se añade, que el BCE quiere que esa especie de dirección dual, con un CEO y un presidente ejecutivo, desaparezca para entonces.

Un sector de Unicaja, y también de la clase política andaluza, vienen presionando los últimos días para que, llegado el momento, se obligue a Manuel Menéndez, de 61 años, a hacer lo mismo. Una salida forzada, pero con la que Unicaja quiere evitar que Liberbank tome el control, a pesar de ser el banco absorbido en esta operación. Algo que no gusta entre los interlocutores asturianos. Lo referente a este punto lo daban por zanjado y tampoco parece que estén dispuesto a escuchar soluciones intermedias. Ni salida del consejero delegado de Liberbank en 2023 ni la asunción de un presidencia sin funciones ejecutivas.

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Lo que, a falta de sobresaltos, parece confirmado es que Liberbank cederá su nombre -aunque podrá usarlo bajo Unicaja en los territorios donde tiene mayor presencia- y la sede social pasará a estar ubicada en Málaga. La entidad resultante se convertiría en la quinta de país con una relevante penetración en Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y Castilla y León.

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