Torres y Oliu se suben esta semana al escenario con una opa sobre la mesa

Más allá de sacar pecho por los brillantes resultados económicos que ambas entidades tuvieron en 2024, ambos abordarán un objetivo común aunque con intereses enfrentados. El primero defenderá la opa que ha lanzado para intentar controlar el Banco Sabadell. El segundo se esforzará en atacarla. Todo según un guion predecible, es la obligación de ambos.

Entramos en la recta final. Oliu, que desde que BBVA hizo oficial su oferta, ha mantenido un perfil bajo en público -ha eludido de forma consciente hacer declaraciones hasta ahora, reservándose para esta etapa decisiva- asumirá el liderazgo en la defensa de la independencia de su banco, de la vida en solitario. La entidad ha convocado ya a los medios de comunicación a un encuentro con el presidente la noche anterior a la junta. Al ataque.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, hará pública su resolución sobre la opa en las próximas semanas, previsiblemente en el arranque de abril, y hay muchas posibilidades de que sea el día 2, fecha en la que se producirá la reunión semanal de la sala que debe emitir el dictamen final. También y según las previsiones es probable que el miércoles 26 de marzo, el consejo tenga acceso a un primer informe técnico.

Pero lo cierto es que está visto para sentencia y se da como seguro que Competencia aprobará la hipotética concentración de BBVA con algunas medidas correctoras: el compromiso de mantener oficinas abiertas en algunas localidades; respetar durante años las condiciones pactadas por Sabadell en las líneas de tesorería con las pymes y algunos ajustes en la comercialización de terminales de cobro con tarjetas. Nada que pueda ser considerado como una línea roja por parte de BBVA.

Así las cosas y ya a las puertas de la Semana Santa, el expediente quedará en manos del Ministerio de Economía -es lo que se denomina la 'Fase 3'- y este paso sí que será clave. El Gobierno ya ha manifestado su oposición a esta operación -lo ha hecho el titular de Economía, Carlos Cuerpo, pero también el presidente Pedro Sánchez-, pero una cosa es predicar y otra tomar resoluciones administrativas.

«Todo el mundo es consciente de que esta opa va a terminar en los tribunales, bien por deseo de unos o de otros». Con esa convicción todo el mundo va a tener que ser muy riguroso en sus decisiones. También el Gobierno. De lo contrario te expones a que el Supremo te afee la conducta. El mantenimiento de la cohesión territorial como argumento para rechazar la concentración, algo que ha esgrimido Pedro Sánchez, «no está en la ley», asegura a este periódico una fuente que conoce al dedillo el expediente.

Pese a ese más que probable escenario, lo cierto es que la posibilidad de que el gabinete de Pedro Sánchez impida la fusión -que no la opa- ha ganado enteros en las últimas semanas. Las razones políticas, el respaldo de los partidos catalanes al Ejecutivo, parece imponerse a cualquier otro criterio jurídico o económico. En un país en el que el presidente de una de las principales empresas privadas puede ser llamado a la sede de la presidencia para comunicarle que meta sus pertenencias en una caja y abandone el despacho, el margen de maniobra es casi infinito.

Esta misma semana Carlos Torres ya ha puesto el acento en reclamar que sean los accionistas, los dueños del Sabadell, quienes deben tener la última palabra. «Los accionistas son quienes deben decidir sobre los procesos de consolidación en marcha en Europa», reclamó. Queda por saber si el presidente del Gobierno piensa lo mismo.