La banca, dispuesta a asumir las nuevas «exigencias» de la ley hipotecaria si acaban con la «cultura del litigio»

Pero la AEB ha querido dar un paso más allá en una de las pugnas que mantiene desde hace años contra los bufetes de abogados y determinadas firmas jurídicas que ayudan a pleitear a los afectados por determinadas cláusulas hipotecarias. Lo ha hecho insistiendo a los grupos parlamentarios que negocian la reforma de la norma en que legisle «para combatir la cultura del litigio instalada en España», una circunstancia que la patronal bancaria considera perjudicial porque «todos perdemos como sociedad» en esa espiral de judicialización, según su criterio.

La banca quiere que la ley, que está a punto de ponerse en marcha sirva, a pesar de los nuevos requerimientos que incorpora, para ofrecer «certidumbre» sobre la regulación hipotecaria, que «elimine las diferentes interpretaciones judiciales» que existen actualmente, y que «dejan la sensación de que cumplir la normativa puede ser siempre cuestionado» por parte de los jueces. En este último aspecto señalan el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre el que han insistido en que el sector se había limitado «a cumplir la ley» desde hace 23 años.

La reacción del sector llega apenas un día después de que la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados acordara flexibilizar las condiciones en las que el banco puede embargar la vivienda si hay impagos en las cuotas del crédito de por medio.

Las entidades tendrán que esperar a acumular entre 12 y 15 recibos sin abonar por parte del cliente para iniciar el procedimiento de ejecución, dependiendo de si se trata de la primera mitad de vida de la hipoteca o la segunda parte de la misma. Hasta ahora, la normativa indicaba que solamente son necesarias tres cuotas sin pagar para que la entidad financiera actuara contra el hipotecado que no hubiera abonado esas cantidades.

Con el proyecto de ley que entró en el Congreso hace ahora un año se establecía un régimen más permisivo, que ahora es aún menos restrictivo. En el fondo de esta dosis de benevolencia venida a más subyace la presión que ha provocado en los grupos políticos la polémica por el fallo del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto hipotecario y la posterior intervención del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La semana pasada, la Comisión ya incorporó novedades en la reforma tras los bandazos del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Ese conflicto derivó en un bumerán contra las entidades, que han visto cómo tienen que hacerse cargo de todos los gastos asociados a la escritura hipotecaria a excepción de la tasación de la vivienda.