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Jueves, 16 de abril 2015, 12:56
Rodrigo Rato guarda silencio. El Gobierno tampoco quiere entrar en el último escándalo que salpica al que fuera exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha limitado a defender el papel de la Agencia Tributaria (AEAT) en la lucha contra el fraude fiscal y ha proclamado que la Administración central anima a investigar sin preocuparse por "nombres, actividades, relevancia social o afiliaciones políticas". "La ley está por encima de amigos y compañeros", ha dicho. Mientras, la figura de Rato cada vez se ensombrece más. A las dudas sobre su papel en la salida a Bolsa de Bankia y la imputación por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid, se suma ahora la investigación por presunto blanqueo de capitales tras haberse acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo en 2012.
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Los investigadores se centran en el origen del patrimonio regularizado y frente a elucubraciones que ayer apuntaban a que provendría de lo ganado por el exministro en su etapa de director gerente del FMI o con sus negocios relacionados con Lazard, fuentes conocedoras del caso apuntan ahora a otra procedencia: una herencia familiar. Rato acudió a la amnistía fiscal en 2012, coincidiendo con el fallecimiento del mayor de sus hermanos, Ramón Rato, engargado de gestionar la fortuna amasada por su familia y que se remonta a su padre, también Ramón Rato. Este ya tuvo problemas con la Hacienda española cuando en los años sesenta era propietario del Banco de Siero y abrió una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles en ese país. Fue condenado por evasión de capitales y debió pagar una cuantiosa multa.
Un asunto «personal»
El ex director gerente del FMI negó ayer haber recibido ninguna notificación por parte del Sepblac sobre la apertura de una investigación y aseguró que ni tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes. En cambio, rechazó hablar sobre la amnistía alegando temas fiscales de carácter personal. Lo que parece claro es que el exvicepresidente del Gobierno fue uno de los 31.484 contribuyentes que se acogieron a este proceso. La Agencia Tributaria detectó 705 expedientes en los que sospecha que la regularización sirvió para blanquear dinero y los remitió al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Según publicó Vozpopuli, uno de esos investigados era Rato.
El blanqueo de capitales es un delito que prescribe a los diez años, por lo que las investigaciones podrían remontarse a los años 2002 o 2004 en función de si comenzaron nada más realizarse la amnistía (2012) o el año pasado. Es decir, a los años en los que todavía Rato formaba parte del Gobierno o dirigía el FMI.
Hasta 618 empresas y 29.065 personas se acogieron a la llamada amnistía fiscal de 2012. Esta posibilidad permitió regularizar rentas ocultas a cambio de tributar un 10% de lo declarado. Hacienda afloró unos 40.000 millones de euros pero sólo recaudó unos 1.200 millones. La Agencia Tributaria ha realizado alguna comprobación sobre más de 1.000 acogidos a la amnistía. Asimismo, ha abierto 357 expedientes de los que ya se han cerrado 51 de ellos con 12 millones de nuevos ingresos.
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