Más de 20.000 accionistas del Popular ya han demandado por su polémica resolución

En esos escritos, que este lunes formalizaron tres bufetes distintos en nombre de más de 7.000 pequeños inversores, se solicita la nulidad de aquellas medidas y se reconoce que la entidad tenía un problema de liquidez, «pero no de solvencia». Por eso piden que un perito independiente nombrado por el TJUE determine «una compensación equivalente al valor neto de sus activos» en ese momento, que luego se prorratearía entre todos los afectados

Según las últimas cuentas presentadas por el anterior equipo directivo del banco presidido por Emilio Saracho, sus activos superaban los 147.100 millones de euros a 31 de marzo, aunque el 12,5% (35.050 millones) eran considerados “problemáticos”, arrastrando además 16.050 millones en provisiones por riesgos vinculados al ‘ladrillo’ y posibles insolvencias. Ese nivel de toxicidad financiera en su patrimonio triplicaba la media del sector y, entre los grandes bancos, solo el Sabadell se le acercaba algo, si bien tenía menos de la mitad (5,2%).

No obstante, desde el despacho B. Cremades & Asociados demandan que cuanto menos se indemnice conforme al precio al que cotizaban las acciones el 22 de mayo. Esos 0,69 euros por título duplican el valor que tenían en el momento de la resolución (0,31 euros de media). Argumentan que en esa fecha comenzó el desplome final de su valor por varios días ante la presión de las ventas bajistas y entre rumores sobre su delicada situación financiera, e incluso un rescate, esto es, por factores exógenos al propio banco como, por ejemplo, “la retirada de depósitos por parte de las administraciones públicas españolas y la negativa del Banco de España a conceder liquidez de emergencia”.

Las demandas presentadas ante la justicia europea siguen, asimismo, una línea común en cuanto a la “necesidad de esclarecer las circunstancias de la resolución” del Popular. Para ello solicitan copia tanto del informe administrativo correspondiente como del dictamen provisional elaborado por Deloitte. Esta auditora fue la encargada por las autoridades europeas de realizar la tasación independiente del banco en la que supuestamente basarían su decisión, y cuyo resultado terminaría reflejando un valor negativo de entre 2.000 y 8.000 millones de euros, según fuentes del sector dado que el documento no ha sido publicado.

Esta horquilla tan amplia se debería, según dichas fuentes, a que en Deloitte manejaron hasta cuatro escenarios distintos de riesgo para cuantificar el importe de una posible venta: desde que sus créditos fiscales terminaran no valiendo nada hasta que el fondo de comercio del Pastor (una de sus filiales) fuera a cero, pasando por un aumento de provisiones para todos los inmuebles, propios y adjudicados por la crisis del ‘ladrillo’ e incluso el posible impacto de que se presentaran demanda contra la entidad por sus dos últimas ampliaciones de capital.

En su recurso ante el TJUE, el bufete Cremades también solicita que declaren varios responsables europeos y funcionarios comunitarios, encabezados por la presidenta de la JUR, Elke König. También pide que sus magistrados recaben el testimonio de miembros del Ejecutivo español, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El otro frente judicial donde se ha puesto en cuestión la labor del Gobierno, y derivado del mismo también el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el caso del Popular, se encuentra en la Audiencia Nacional. Ante su Sala de lo Contencioso-Administrativo ya se han presentado varios recursos por este motivo, aunque para principios de septiembre aún se esperan algunos más. El motivo es que agosto es inhábil para este orden y, por tanto, hasta el día 7 de ese mes no concluirán los dos meses de plazo para solicitar la nulidad de la controvertida resolución.

Y en paralelo a todo ello también la Audiencia, en este caso en los juzgados de instrucción, debe resolver si se admiten e investigan las distintas querellas presentadas en vía penal por varios presuntos delitos societarios e incluso posible estafa contra los anteriores presidentes del Popular y sus principales colaboradores, tanto Ángel Ron como el referido Saracho.

Además de miles de accionistas minoritarios, entre los inversores de mayor peso que se están moviendo en los tribunales destacan el magnate mexicano Antonio del Valle, el millonario chileno Andrónico Luksic y el empresario español Félix Revuelta (Naturhouse), que aglutina más de 11.000 pequeños ahorradores en torno a su plataforma de afectados. En juego hay indemnizaciones que, según estiman distintos abogados, se moverían entre los 7.000 y los 12.000 millones si terminan teniendo éxito en sus iniciativas judiciales.