Autónomos y particulares, los que más solicitan el concurso de acreedores con la nueva ley

Otro cambio es que ha abierto la puerta a la cancelación de la deuda pública con un tope de 10.000 euros por entidad pública y también permite al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual. En el caso específico de autónomos y micropymes de menos de diez trabajadores, introduce un procedimiento de insolvencia único y digitalizado, y los acuerdos de refinanciación han sido sustituidos por planes de reestructuración.

Un año después, las estadísticas del Colegio de Registradores demuestran que quienes más solicitan el concurso de acreedores son personas físicas: particulares y autónomos. Atendiendo a los últimos datos (referentes al segundo trimestre de este año) y comparándolos con los de 2019 (antes de la pandemia), se han multiplicado por siete al pasar de 626 a 4.679 en todo el país. En el caso de las empresas, el aumento es del 30%.

En Asturias, en el tiempo que lleva la normativa en vigor, los concursos de acreedores han ascendido a 379, de los que 323 (esto es, más el 85%) pertenecen a personas físicas. En 2019, lo habían solicitado 82, por lo que se han cuadruplicado. Menor, en términos absolutos, es el de personas jurídicas: 56 frente a los tres de la etapa precovid, según dicha estadística.

Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias, cree que aún es pronto para analizar los efectos de la ley, puesto que «hay aspectos que no se han desarrollado todavía plenamente», aunque el incremento de los concursos de acreedores de personas físicas es patente.

Lo atribuye a la reducción de deudas con la administración pública, con Hacienda y con la Seguridad Social y a la posibilidad de poder mantener la vivienda habitual. También a que, tras la moratoria durante la pandemia (que finalizó en junio de 2022), no se presentaban concursos, por lo que el incremento en el último trimestre de 2022 y en lo que va de 2023 el aumento ha sido «espectacular».

En cuanto a empresas, tras los «difíciles momentos vividos», el comercio y la hostelería han resultado ser las actividades más afectadas, viéndose abocadas, junto con otras de servicios, a solicitar el concurso. También destaca el decano de los economistas asturianos, como lo hace el consejo general del ramo, el intenso crecimiento de los concursos sin masa. Esto es, aquellos en los que el deudor declara no tener activos. En España, en el segundo trimestre, el 72% son de esta tipología. En Asturias, en dicho periodo, suponen el 69,5%.

«Los concursos de acreedores de personas físicas existieron siempre, pero antes de la covid eran muy poco frecuentes», explica Jorge Álvarez de Linera Prado, del despacho de abogados Álvarez de Linera. «Fue en 2015, al aprobarse el mecanismo de segunda oportunidad, cuando comenzaron a incrementarse notablemente. No obstante, había mucha incredulidad entre los deudores ante el hecho de que pudieran verse liberados de deudas o de que pudieran contar con un calendario de pagos con quitas». Pero todo eso «se ha dado la vuelta» tras la pandemia con la reforma de la ley.

«Mes a mes viene gente cada vez más más jorobada. Estamos encontrando trabajadores pobres, que no llegan a fin de mes y se endeudan porque no ven otra salida y cuando ya no pueden más, recurren al concurso de acreedores». Por los casos que están atendiendo, Álvarez de Linera está convencido de que «más va a haber».

¿Y qué valoración hace de la ley? Para el letrado, la normativa -«que solo ha contado con el punto de vista de los especialistas hasta cierto punto»- presenta «disfunciones». Así, es especialmente crítico con que la quita de los autónomos con la administración se limite a 10.000 euros por entidad en vez de poderse liberar de todos los créditos públicos. «La ley no les ha hecho un favor». Advierte además de algo «gravísimo»: «Si no estás al día con Hacienda y la Seguridad Social o no puedes pedir un aplazamiento, no vas a poder acceder a la jubilación aunque tengas derecho a la prestación como Dios manda. Hay trabajadores que van a estar condenados a la miseria».

También considera que «se han endurecido demasiado los requisitos para la exoneración de las deudas. La ley es tan abierta, que a veces se generan dudas y hay casos en los que las deudas no se liberan». En cualquier caso, destaca la «satisfacción que supone» para quienes lo logran y que «es bueno que la gente conozca este procedimiento, que es barato y no es inalcanzable». Además, dice, «Asturias cuenta con la ventaja de que se tramitan más rápido que en otros territorios», pudiendo resolverse «en seis meses».