La Audiencia Provincial da luz verde al juicio del 'caso UGT'

El recurso que obligó a la Audiencia Provincial a intervenir en este proceso fue interpuesto por María Jesús Ocaña, administradora de dos entidades vinculadas a UGT, contra el auto del juzgado de instrucción en el que se acuerda la continuidad de las diligencias. A este requerimiento se adhirieron prácticamente el resto de los acusados: Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación; Alberto González Castaño, técnico adscrito a la secretaría de Formación y Mónica Menéndez Vázquez, exsecretaria de Administración de UGT en la región. Todos, salvo Silvia Sariego, técnica de Ifes.

La sala desestimó el recurso –en un auto sobre el que no cabe recurso– al considerar que existen «indicios más que suficientes» para dar continuidad al proceso judicial. Aduce que las sospechas de la juez de instrucción en relación a los posibles delitos cometidos por los investigados resultan «absolutamente razonables» puesto que, añade, «del examen de lo actuado se desprende que los indicios existen y tienen entidad bastante» como para proceder a la apertura de la fase intermedia y previa al juicio oral. «Se apuntala esta aseveración en declaraciones, documentación diversa y en los informes de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria, de sobrada solvencia e imparcialidad», defiende la Audiencia Provincial, al tiempo que entiende que solo tras el juicio oral podrá determinarse si los hechos son o no constitutivos de ese delito y la intervención de cada uno de los investigados.

Entre 10 años y 30 meses

La Fiscalía del Principado ya se ha posicionado en relación al auto del juzgado de instrucción, pidiendo penas de cárcel que van desde los diez años para los principales acusados –a los que atribuye hasta cinco delitos de fraude de subvenciones públicas– hasta los 30 meses para los dos técnicos, a los que considera cómplices de fraude. Unas peticiones que comparte el Gobierno del Principado, como acusación particular, y que eleva ligeramente la acusación popular, representada por Ocan. El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias solicita once años para Braga, Menéndez y Díaz; seis años y medio para Ocaña y cuatro años y dos meses para los dos técnicos.

El cierre de la instrucción de este caso pone fin a cinco años de investigación. Durante ese tiempo se practicaron registros, pruebas testificales y análisis de documentación de los que la jueza extrae que hay indicios de que los acusados «actuaron concertadamente» para «desviar parte de los fondos de las subvenciones respecto a los fines para los que fueron concedidas». El entramado que describe la jueza se basa en «sociedades creadas o controladas» por el sindicato a las que recurrían para conseguir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los cursos. Se trata de Localmur, Formación 2020 e Infastur.