La Audiencia Provincial ratifica la condena a UGT Asturias por fraude en los cursos de formación

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ratifica la condena a UGT Asturias, varios de sus extrabajadores y a parte de su antigua cúpula por el caso de los cursos de formación y mantiene que se ha probado la «actuación fraudulenta» del sindicato y de la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). De este modo, avala la sentencia emitida a finales de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo contra los seis acusados, entre ellos, Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT Asturias, a penas que van entre los 18 meses y los tres años y ocho meses de cárcel. Además, castiga al propio sindicato con una multa de 122.028 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. En conjunto, se les condena a pagar multas que superan los 3,6 millones de euros y a indemnizar al Principado por los daños causados con más de 938.000. El fallo solo estima parcialmente el recurso de María Jesús Ocaña.

Contra la resolución de la Audiencia Provincial cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Según ha podido saber EL COMERCIO, los condenados van a apelar, al igual que el sindicato. Fuentes de UGT Asturias insisten en defender que no existe delito penal y analizarán con sus servicios jurídicos la sentencia.

Entre las penas se ratifica las de Rodríguez Braga y Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación de UGT, a los que se condena a dos años y diez meses de prisión. Se les considera cooperadores necesarios en un delito de fraude por la subvención concedida a IFES en 2011 y coautores de otros dos delitos de fraude por las subvenciones concedidas a UGT en 2011 y 2012. Por todo ello se les imponen multas que suman casi 586. 550 euros para cada uno.

Las penas más altas son, sin embargo, para la exsecretaria de Administración de UGT Asturias y administradora de Infastur, Mónica Menéndez, condenada como cooperante necesaria a tres años y ocho meses de prisión por dos delitos de fraude de subvenciones por las concedidas al IFES en 2010 y 2011 y coautora de otros dos por las de UGT de 2011 y 2012. En su caso las multas alcanzan los 786.550 euros.

También está condenada María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur y Formación 2020. La sentencia del Juzgado de lo Penal la castigaba con multas de 490.000 euros y a dos años y medio de prisión como coautora de dos delitos por las subvenciones del IFES en 2010 y 2011 y cómplice por las de UGT en 2012. Tras aceptar parcialmente el recurso se le rebaja ligeramente la pena.

Por último, también se castiga a Alberto González, técnico responsable de la justificación de las subvenciones en UGT, y a Silvia Sariego, encargada de lo mismo en IFES, a los que se cataloga como cómplices en las subvenciones al IFES de 2011 y a UGT de 2011 y 2012, por lo que acumulan cada uno una pena de 18 meses de prisión y 353.365 euros de multa. A todo ello hay que añadir las indemnizaciones al Principado.

La sentencia de 2021 y que ahora ratifica la Audiencia Provincial considera probado que, en una actuación concertada, había un desvío de fondos públicos que recibían UGT y el IFES –fundación creada por el sindicato nacional para impartir la formación– como subvenciones para realizar cursos de formación y que esto les permitió obtener beneficios económicos que «revertían principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas». Para ello, señala, se servían de «diversos subterfugios con los que lograban el enmascaramiento de los costes reales de ejecución», un entramado defraudatorio en el que intervenían también Localmur, Formación 2020 e Infastur, las tres controladas por UGT e IFES. Según el fallo, con todo ello incrementaban «ficticiamente» el precio de los locales y equipos respecto al mercado, con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. Además, también considera probado que se incluían en la justificación de los costes gastos de personal laboral de UGT que no tenía relación con las actividades formativas.

• Temas
• Justo Rodríguez Braga
• UGT Union General de Trabajadores
• Asturias