La Audiencia Nacional suspende la multa a Arcelor por el 'cártel de la chatarra'

La multa a las tres compañías es de 24 millones de euros en total, pero la mayor sanción recae en Arcelor, con 12,12, mientras que la de Sidenor es de 10,55 y la de Balboa de 1,34, aunque se le rebajó a 670.000 euros tras colaborar con el Programa de Clemencia de la CNMC.

Tras el recurso de Arcelor, la Audiencia Nacional suspende ahora de forma provisional el pago de su sanción así como la prohibición de contratar con la Administración, aunque esta se condiciona a que aporte una garantía por esos 12,12 millones. La imposibilidad de firmar contratos públicos sería un duro golpe para determinados productos, como el carril, que sobre todo se destina a las líneas férreas españolas.

La Audiencia Nacional señala que su decisión se apoya en la consideración de justicia cautelar, puesto que la ejecutividad inmediata podría generar «perjuicios de imposible o muy difícil reparación». No obstante, esta decisión no prejuzga el fallo definitivo, que aún podría ser negativo para la multinacional.

La investigación tuvo su origen en una información anónima presentada ante la Comisión Europea sobre la posible existencia de un cártel en el mercado de compra de chatarra en España que derivó en varias inspecciones en la sede de las siderúrgicas. En julio de 2020, la CNMC abrió un expediente sancionador y en marzo de este año anunció su resolución.

Mientras, los ánimos se caldean en parte de la plantilla de Arcelor y, ayer, durante las asambleas informativas celebradas por CC OO se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de iniciar movilizaciones ante el bloqueo del acuerdo marco y la lentitud con la que están saliendo los trabajadores nacidos en 1960 y 1961, como se había acordado.

Los representantes del sindicato señalaron que, a 30 de septiembre, se habían acogido 128 empleados a ese tipo de jubilación parcial, lo que había permitido que firmaran contrato como relevistas 86 eventuales -42 en Avilés y 44 en Gijón-. «Es un ritmo muy bajo», afirmaron, sobre todo, porque el 31 de diciembre termina la disposición transitoria relativa al contrato relevo manufacturero y aquellos que no se puedan acoger antes quedarían ten tierra de nadie. La oferta planteada por la empresa en diciembre para estos era la de pactar un despido a los 63 años con 83.000 euros de indemnización. Además, informaron de que 270 empleados con contrato temporal cesaron a finales de septiembre, justo coincidiendo con la parada del horno alto.