Asturias deberá llevar ante la UE en un año un plan para diversificar su economía

El director general de Asuntos Europeos, Javier Vila, sostiene que la estimación permanece inalterable —a falta de conocer el detalle de las cuentas y el discurrir de la negociación— pese al notable recorte ejecutado en el Fondo de Transición Justa, que pasó de una propuesta de máximos de 40.000 millones en subvenciones a regiones a 17.500 (7.500 millones de los presupuestos europeos y los 10.000 restantes del Plan Europeo de Recuperación o Next Generation EU). «Lo que no llegue vía transición justa puede llegar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), por ejemplo», explica.  

Este fondo, junto con la línea para realizar inversiones públicas (movilizará entre 25.000 y 30.000 millones) y la vía especial para solicitar financiación para proyectos privados (hasta 45 000 millones), forman el Mecanismo para una Transición Justa. Para poder acceder a estas tres alternativas, Asturias debe elaborar un plan que esté en sintonía con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y con las políticas europeas basadas en el Acuerdo de París para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, explica el eurodiputado asturiano Jonás Fernández. El socialista concreta que este documento debe ser «una hoja de ruta de aquí a 2030 sobre cómo modernizar la economía» y debe presentarse ante la ComisiónEuropea «entre marzo y abril de 2021».

Una vez listo, la CE se encargará de evaluarlo y, si obtiene el visto bueno, Asturias podría solicitar dichos recursos. Debe hacerlo mediante la presentación de proyectos atractivos, para tener más oportunidades de que Bruselas los elija, ya que primará los que considere más beneficiosos. Así, el Principado competirá con todas aquellas regiones golpeadas por la transición energética, que a buen seguro se esmerarán en aportar las iniciativas más interesantes y beneficiarse de cualquiera de las tres líneas que ofrece el mecanismo. Según los cálculos de Fernández, a partir de la segunda mitad del próximo año, las regiones podrían presentar sus proyectos orientados a transformar parte de su tejido productivo.

Pero aún hay muchos flecos por cerrar. Según fuentes de la Consejería de Industria, hasta septiembre no se comenzarán a negociar los criterios de reparto, tanto de Fondo de Transición Justa como del Plan de Recuperación. Es decir, las áreas a las que la Comisión Europea destinará más recursos, lo que también condicionará la prioridad de un tipo de proyectos sobre otros. Aunque se conocen los ejes de las políticas que Europa quiere sostener con los paquetes de fondos (digitalización, reducción de emisiones, competitividad de las pymes...), se desconoce el peso de cada sector.

Apunta Vila a la necesidad de que el abanico de proyectos sea amplio. «Tenemos que hacer un trabajo extensivo a otras áreas, además del ámbito energético, porque se trata de la diversificación de Asturias», señala. Si bien es cierto que se trata de un sector estratégico en la comunidad, es necesario dirigir la mirada también a otras actividades que puedan generar empleo y alternativas de futuro. De momento, el Principado, que ya cuenta con el informe final de la comisión mixta para evaluar el impacto de la transición, sigue recopilando propuestas e información con ayuda de los agentes sociales y las empresas.

Precisamente, la mayor compañía asentada en la región, Arcelor, se verá beneficiada de una medida acordada por la CE en materia fiscal. Está prevista la aplicación de un impuesto, antes de 2023, para gravar las emisiones de CO2, para el que se elaborará un mecanismo de ajuste en frontera. Este tributo permitirá ganar competitividad a las empresas europeas frente a las de aquellos países que no cuentan con normativa ambiental.

Según los cálculos de la eurodiputada asturiana de Ciudadanos, Susana Solís, España se llevaría casi 800 millones del fondo de transición, 339 de los cuales procederían del presupuesto europeo, con lo que «podrían empezar a cobrarse en 2021». Por ello, destaca la importancia de acelerar los trámites para elaborar el programa operativo y los proyectos susceptibles de financiarse con esta partida.

Por su parte, la portavoz del Principado, Melania Álvarez, aseguró el pasado miércoles que tanto los fondos europeos como los 106 millones de euros que llegarán del Gobierno por la COVID-19 «son bienvenidos para afrontar estos gastos y los retos de futuro». En este sentido, la también consejera de Derechos Sociales y Bienestar destacó el esfuerzo realizado para encarar la crisis sanitaria en los últimos meses, por lo que los recursos que se destinarán a Asturias servirán para aliviar las cuentas.