El precio de la luz se mantiene como un lastre para la industria asturiana a pesar de las renovables

El sector paga en Francia y Alemania facturas inferiores al coste de mercado, mientras en España se disparan por cargos añadidos y la escasez de ayudas

Lunes, 11 de noviembre 2024, 01:00

La crisis energética se da por superada. Al menos, el capítulo que se vivió hace un par de años, con los precios del gas desbocados a causa de la guerra de Ucrania. El conflicto se mantiene, incluso se ha añadido el de Palestina ... , pero aquellas cotizaciones desorbitadas se han encauzado. A la vez, la penetración de renovables en el mix español se está disparando. En 2023, su generación batió un nuevo récord y supuso más de la mitad de toda la electricidad del país. Y, pese a todo, la industria sigue lastrada por unos precios muy superiores a los de los países con los que se bate, básicamente Francia y Alemania.

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Las grandes electrointensivas de la región, como Asturiana de Zinc (AZSA) y Arcelor, han visto cómo su factura se reducía en los últimos meses al descender también los costes de generación, pero ni mucho menos alcanza el nivel de sus competidores, a pesar de que el precio de mercado en España ya rebaja al de Alemania –al de Francia aún no, debido a sus nucleares–. A pesar de las promesas gubernamentales de un abaratamiento en el corto plazo, el problema sigue donde siempre: los sobrecostes de la factura, que multiplican por diez los del país galo y por más de cuatro los del germano, a lo que se suma la escasez de ayudas por el CO2 –en Francia son casi el doble y en Alemania, el triple–. Así lo constata un informe de PwC, presentado por su socio responsable del área de Economics, Jordi Esteve, en una reciente jornada organizada por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), en la que se integran Arcelor y AZSA.

El análisis, titulado 'Impacto socioeconómico en España de una tarifa competitiva en la industria electrointensiva', recalca cómo el sector español está en «desventaja» con respecto a sus competidores debido al coste que tiene que asumir por este suministro, que duplica al de países como Estados Unidos o China, pero también al de Francia, donde goza de la tarifa ARENH, el histórico acceso regulado a la energía nuclear que deja en gran parte el precio del MWh en 42 euros.

Pero, además, este análisis ilustra claramente cómo el precio del mercado y el final no tienen nada que ver y pone como ejemplo lo que sucedió el año pasado. En España, el primero se situó de media en 87,3 euros/MWh. Con unos costes regulados, cargos e impuestos de más de 17,4 euros se elevó por encima de los 104,7. De ahí se restan los 11,6 euros de ayudas por los costes indirectos de CO2, lo que dejó la factura final, con el redondeo de centésimas, en 93,2. Mientras, en Francia, con un precio medio de mercado de 63,2 euros, solo 1,7 de sobrecostes y 20,7 de ayudas, el precio real se quedó en 41,7 euros, menos de la mitad que aquí.

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El caso alemán también es destacable, porque el país sigue afectado por el problema con el gas ruso y su precio de mercado fue superior al español: 95,6 euros. Sin embargo, los cargos añadidos fueron de solo 3,9 euros y las subvenciones se dispararon a 29,2. Con todo, su factura fue casi un tercio inferior a la española.

Entre las cuestiones que más afectan están los cargos que se suman a la factura en España, así como las escasas ayudas para compensar los costes indirectos del CO2 que asume la industria. Mientras que están presupuestados solo 300 millones, Bruselas permitiría elevar esa cuantía hasta el 25% de los ingresos por derechos de emisión, lo que llevaría la cifra hasta los 850 millones. Las ayudas incluidas en el estatuto del consumidor electrointensivo apenas se han quedado en 25,5 millones.

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Ventaja competitiva

Sin embargo, sobre el papel, España tiene una ventaja competitiva. «Es el país que presenta una mayor penetración de tecnologías renovables en su mix de generación eléctrica de entre las grandes economías europeas», subraya PwC, que calcula que un precio objetivo de 40 €/MWh permitiría reducir la factura eléctrica en España alrededor de un 50%, con un ahorro estimado de los costes energéticos del 26%, lo que lo situaría «en un entorno competitivo con respecto a otras economías como EE UU o China».

De hecho, los contratos bilaterales a largo plazo que se están suscribiendo, conocidos como PPA (Power Purchase Agreement), ya rondan esas cifras para la energía solar fotovoltaica. El análisis de PwC los sitúa entre 45,7 y 38,5 euros, muy por debajo de los del resto de países. Sin embargo, de nuevo entran ahí los sobrecostes que lleva asociada la factura eléctrica y las ayudas limitadas. Todo ello, en el contexto actual, en el que se plantea hacer fijos los impuestos a las energéticas.

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El consejero delegado de EDP, Miguel Stilwell, aseguró el pasado mes que los contratos que está firmando el grupo en España ya se sitúan en el rango de los que suscribe la energética en EE UU, su segundo mayor mercado tras la península ibérica, y atribuyó a «decisiones políticas» que el precio final para familias e industria se dispare. AZSA, por su parte, denunció la pasada semana las dificultades que encuentra para firmar PPAs competitivos. El propio Gobierno reconoce que este mecanismo, en el que había puesto sus esperanzas para rebajar la factura, se está quedando descafeinado.

Sin embargo, según el modelo elaborado por PWC con 40 €/MWh la industria tendría un desarrollo tal que le permitiría crear unos 36.700 puestos de trabajo en el sector electrointensivo, lo que supondría un incremento del 3,3%. Además, esa mejora elevaría el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector en más de 4.500 millones de euros, el equivalente a un 3,2% del VAB de la industria manufacturera. No obstante, el efecto podría ser aún mayor. Si se incluyen todos los impactos, la reducción de la factura eléctrica generaría un efecto cercano a los 13.000 millones de euros de VAB y contribuiría a mantener casi 160.000 empleos, lo que equivale a casi un 1% del VAB y del empleo nacional en 2023.

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