La anulación de las plusvalías desata la preocupación en los ayuntamientos de Asturias

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, reconoció esta mañana que «es una mala noticia y una noticia que nos preocupa en Gijón como en todos los ayuntamiento de España». El mayor problema es que «llega en el peor momento», debido a que «estamos elaborando el presupuesto» de 2022. Es más, hace una semana presentaron el borrador presupuestario y hoy mismo lo hacen ante el Consejo Social. La edil explicó que «ese borrador parte de unas previsiones de ingresos», que ahora se ven truncadas.

Pineda apunta que hay que conocer la sentencia cuando sea publicada por el Constitucional y «estudiarla detalladamente para ver hasta dónde llega el alcance de esta anulación del artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales». En realidad, lo importante es saber si el fallo judicial anula por completo la plusvalía, pues «nos llevaría a tener que reformar todo el presupuesto y a tener muchas dificultades para cumplir con las reglas de ahorro neto y de estabilidad».

Gijón perdería 12 millones de euros, «una cantidad muy importante que nos desequilibraría por completo el presupuesto», reconoció la concejala. No obstante, en 2019 ya se han ido tomando decisiones para no cobrar la plusvalía cuando en la venta de una propiedad no se registraba una ganancia por parte del propietario. «Eso nos ha supuesto ya una disminución de unos dos millones de euros anuales de ingresos. En la previsión para 2022 ya rebajábamos, por un principio de prudencia, otros dos millones. Pero que de repente se nos diga que el presupuesto municipal tiene que rebajarse en 12 millones de euros, creo que es absolutamente impensable».

La preocupación es compartida por el equipo de gobierno de Oviedo. Es más. El segundo teniente alcalde, Mario Arias, ha pedido a los gobiernos de España y Asturias que garanticen los fondos a los ayuntamientos para mantener el nivel de los servicios públicos. «Disponer de recursos económicos es una cuestión que siempre está en el orden del día», ha señalado, apuntando que «hasta ahora» el Ayuntamiento de Oviedo «siempre» ha tenido una economía «bastante buena».

En la mima línea se ha manifestado este miércoles la Federación Española de Municipios, que ha reclamado «una solución urgente». Su presidente, Abel Caballero, ha avanzado que una vez que se publique la sentencia se analizará para «tomar una decisión» sobre «quién se tiene que hacer cargo de las pérdidas de recaudación» causadas y ha vuelto a urgir una reforma legislativa que permita restablecerlo, que ha cifrado en 2.500 millones de euros anuales. Ha advertido, además, de la «inseguridad jurídica» que conlleva esta nueva situación, que «afecta a los ciudadanos» además de suponer «un muy fuerte deterioro» de las finanzas municipales.

Caballero ha indicado que, de media, «todos» aplicaban una tasa situada en torno al 30 por ciento y ha resaltado que «un número importante de ayuntamientos» no aplicaron este impuesto, que era efectivo «en la mitad de ellos», incluidas las grandes ciudades. En todo caso, ha recalcado que «todo es provisional hasta que se conozca la sentencia en detalle» y ha garantizado que, «tan pronto» como se publique, la junta de gobierno se reunirá para «tomar sus propias decisiones de demanda para las administraciones» y dará a conocer su posicionamiento al respecto.

En esta línea, ha subrayado que el proceso para paliar esta situación debe desarrollarse «con mucha premura» ante «la inseguridad jurídica» y «el deterioro de las finanzas» que conlleva y ha señalado que la reforma del impuesto debe «ser justa con los ciudadanos» y ha de evitar «privar de una fuente sustancial de ingresos» a las administraciones locales, que «asumen gastos que no les corresponden» en el escenario derivado de la pandemia. Por eso, ha insistido: «Solicitamos al Gobierno y el Parlamento premura para solucionar esta cuestión».

A la espera de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha anunciado que ya ultima un borrador legal «que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos».