Asturias encara un fin de año marcado por decisiones esenciales para su descarbonización

Además, la Comisión Europea ultima su decisión sobre los fondos que finalmente se pueden conceder a la siderúrgica, a la vez que negocia con la Eurocámara y el Consejo cuál es el calendario final para recortar las asignaciones gratuitas de derechos de emisión y cómo se articula el ajuste en frontera al carbono. Y, si esto no fuera suficiente, Enagás espera que la regasificadora de El Musel pase los últimos trámites que necesita para iniciar la actividad en enero. Todo apunta a un fin de año intenso, si no vuelven a producirse retrasos.

Arcelor solicitó a la Unión Europea en julio de 2021 ayudas para descarbonizar la mitad de su cabecera asturiana, tras acordar con el Gobierno central una inversión de 1.000 millones. La compañía espera captar la mitad de financiación pública, pero el sí de Bruselas se hace esperar, lo que ha provocado sus quejas e, incluso, la advertencia de que estos retrasos ponen en peligro sus planes para producir acero verde en Europa. A principios de mes, visitó el Principado Jyri Ylkanen, alto funcionario del Ejecutivo comunitario, que subrayó el trabajo «muy duro» que estaba realizando la Comisión y aseguró que la decisión debería «ser publicada muy pronto, en algunas semanas». Su «intención» es dar una respuesta «antes de fin de año». El visto bueno de la UE es imprescindible para que el Gobierno español pueda desbloquear las ayudas que pide la multinacional y sin las que no se ejecutará el proyecto.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció ya hace meses un PERTEde la descarbonización. Será el mecanismo mediante el que se articulen buena parte de las ayudas a la industria para abordar este proceso. Sin embargo, se desconocen la cuantía o las condiciones. El secretario de general de Industria, Raúl Blanco, se comprometió el pasado 18 de octubre en Oviedo a que estará aprobado por el Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre y que en él se integrarán los fondos que reclama Arcelor.

La Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo ultiman la negociación de la nueva regulación del comercio de derechos de emisión, así como del ajuste en frontera al carbono para evitar deslocalizaciones por el sobrecoste del CO2 y el Fondo Social para el Clima. En Asturias hay 17 plantas que reciben asignaciones gratuitas y que están pendientes de la ambición climática que tenga finalmente la UE. El Consejo es más benévolo con el sector a la hora de recortar los derechos para contaminar, mientras que Comisión y Eurocámara presentan un calendario más rápido. Por su parte, la industria reclama que esas asignaciones gratuitas no se retiren hasta comprobar que el ajuste en frontera funciona correctamente y se dé solución a las exportaciones, gravadas por el sobrecoste del CO2 y sin el apoyo de esa especie de arancel ambiental fuera del territorio comunitario. Está previsto que esta negociación a tres bandas finalice en diciembre.

Asturias cuenta con tres proyectos de eólica marina flotante para desarrollar en su costa: uno que lidera EdP, otro de Enagás con Naturgy y un tercero de Capital Energy. Sin embargo, al igual que el resto de planes que hay para otras regiones –ya hay quince a consulta pública– están bloqueados por los retrasos con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que determinarán en qué lugares se pueden construir los parques y en cuáles no. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica consultadas por este periódico aseguran que estarán listos antes de que acabe el año. Después tendrán que salir las subastas, los proyectos deberán enfrentarse a la burocracia necesaria... Al menos se necesitarán siete años para desarrollarlos. El despegue de este sector es fundamental también para la industria asturiana ligada a él: 35 empresas y 1.000 trabajadores ya dependen de la eólica marina, que de momento se construye fuera de España. Su objetivo es crecer con proyectos nacionales.

Han pasado más de diez años desde que las obras de la planta gasista de El Musel finalizaron y ha tenido que haber una guerra para que se vaya a poner en activo. No será ya una regasificadora conectada a la red, sino que servirá de centro logístico para abastecer a otros países de Europa. Está previsto que el primer tanque, de 150.000 metros cúbicos, inicie su actividad en enero y el segundo, en abril. Pero aún quedan trámites que deberían quedar listos en diciembre: que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconozca el régimen retributivo para que pueda usarse como planta que dé servicios logísticos de gas natural licuado y la orden final de puesta en marcha.