Los constructores piden 130 millones para mantener «en orden» las infraestructuras de Asturias

Ante las reuniones que estos días transcurren entre los diferentes partidos con representación en la Junta General del Principado relativas a los presupuestos regionales para 2020, los constructores piden una mayor inversión para la obra pública y también reformar políticas sociales como el salario social ya que, según afirmó, «no estimula que la gente salga a buscar empleo». Al respecto, García, aseguró que no están en contra de esa política en concreto, pero piden «reformarlo y hacerlo más eficiente porque no ha funcionado».

Joel García instó al ejecutivo asturiano a contemplar en las cuentas regionales un aumento de la inversión «y no recurrir a las cantidades que van sobrando o remanentes». Esta inversión sería importante para el mantenimiento de las infraestructuras existentes en Asturias, para la conclusión de las que están en marcha y para el desarrollo de nuevas actuaciones que contemplen las zonas rurales. Según sus cálculos, harían falta 130 millones de euros al año para mantener las infraestructuras «en orden», «el 3% del presupuesto regional». «Basta ver lo que ocurrió ahora con el temporal, las carreteras no aguantan, hay problemas en puertos, en sendas…», recordó. Los datos que manejan desde CAC - Asprocon indican que el año pasado el gobierno de la región destinó «37 millones para obras públicas en todo el año pasado».

Asimismo, Joel García criticó el aumento del gasto en personal previsto en las cuentas. «Nada menos que 100 millones de euros para trabajar menos, consecuencia de la reducción de la jornada laboral. De las situaciones complicadas se sale trabajando más y mejor, no gastando más y trabajando menos», aseguró.

García también alertó de que las políticas sociales en la región «se han cronificado» tras cumplir su función durante la crisis, y ha afirmado que desestiman el emprendimiento «y el espíritu de lucha en muchas personas que reciben prestaciones». A su juicio, estas políticas generan una economía sumergida que hace la competencia desleal a las empresas que pagan impuestos. «Hay mucha gente que cobra el salario social y está cholleando en las obras», indicó. «Queremos dejar claro que abogamos por una gestión más eficaz de los servicios públicos esenciales porque el actual modelo presupuestario no es sostenible a corto o medio plazo», insistió e incidió en que la región «necesita más inversión pública para dinamizar su economía».