La UGT de Asturias y su antigua cúpula se sentarán en el banquillo por fraude

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia ha desestimado los cuatro recursos de apelación interpuestos por los investigados contra el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo que el pasado 16 de enero apreció indicios sobre la presunta desviación de dinero a la organización sindical procedente de los cursos de formación.

En los autos, contra los que no cabe recurso, basan su decisión en los informes de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria debido a su «sobrada solvencia técnica e imparcialidad», argumentan.

La Sala admite que en sus informes hay «seria razonabilidad indiciaria» de que los investigados son autores de cinco delitos de fraude de subvenciones y, aunque reconoce que sus conclusiones «no tienen por qué ser compartidas», advierte de que será en la vista oral donde habrá que determinar si son o no constitutivos de delito y la intervención de cada uno de los investigados.

La Audiencia no entra en el fondo de la cuestión en relación con unos hechos que, según expone en los autos, «se presentan como probables», ni establece una calificación que proyectaría «un prejuicio en relación con los jueces encargados del enjuiciamiento del caso».

Los recursos fueron interpuestos por la representación legal de UGT; la técnica de Ifes, S.S.F.; la administradora de dos sociedades vinculadas al a sindicato, M.J.O., y, de forma conjunta, el exsecretario de Formación, M.D.C., y el técnico adscrito a la secretaría de Formación, A.G.C., y a los que seadhirieron Justo Rodríguez Braga y M.M.V., exsecretaria de Administración de UGT.

La Fiscalía solicita para Rodríguez Braga una pena de diez años de prisión por cinco delitos de fraude de subvenciones y pide para los otros exdirigentes y técnicos del sindicato penas de entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel.

Para UGT, el Ministerio Público solicita que se le imponga una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

La Fiscalía también solicita multas de distintas cuantías que, en el caso de los tres principales acusados, superan el millón de euros y sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante subterfugios con los que UGT y su fundación IFES lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones.

Además, estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Para ocultar a la administración el sobrecoste en que incurrían, según la Fiscalía, recurrían al aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con tres sociedades de las que se proveían de los bienes y servicios para las actividades formativas tanto a nivel nacional como regional.

La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares realizada en Sevilla.