Los asturianos afrontan una nueva crisis con casi un 11% menos de poder adquisitivo

A esta brecha del 6,26% entre los ingresos y el precio de la vida se suma el 4,69% de pérdida alcanzado el pasado año. Las perspectivas a corto plazo no son buenas y se prevé que los ciudadanos seguirán soportando una inflación elevada durante buena parte de 2023. Por ello, los sindicatos piden a la patronal que se siente a negociar subidas salariales que compensen un IPC disparado y advierten de que, si no se logra un acuerdo, aumentará la conflictividad laboral. En este marco, CC OO y UGT han convocado una manifestación el 3 de noviembre, en Madrid, ante el rechazo de las organizaciones empresariales a sus propuestas.

Sobre la mesa está el debate acerca de la conveniencia de llegar a un pacto de rentas. Los economistas ponen el acento en la importancia de los puntos que se acuerden para que tenga un impacto verdaderamente beneficioso. En este sentido, Javier García, socio y director de inversiones de la gestora de capital riesgo LUAFund, aboga por un pacto de rentas «que no trate a todos por igual», al tiempo que advierte de que una subida de las pensiones generalizada «al ritmo que se ha hecho puede ser muy perniciosa, y no ayuda a quien más ha sufrido el impacto de la inflación». Asimismo, considera necesario un control de costes y empezar a vincular salarios a productividad, «porque es la única forma sana y sostenible de crear riqueza de verdad».

En este sentido, destaca que la escalada de la inflación y salarios en paralelo sin que crezca la productividad es «muy peligroso». García hace hincapié en que las empresas necesitan ganar tamaño y apostar por la innovación para ser más productivas, aunque lamenta que la competitividad es «la gran olvidada en esta región y en este país». Un objetivo que se complica porque nos encontramos en un 'shock' de oferta, provocado por un incremento de los costes, que «han llevado a una caída de los márgenes y rentabilidad de las empresas, colocando a muchas en una situación de jaque».

También Santiago Álvarez, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, subraya que es esencial el contenido del pacto de rentas porque «hay una incongruencia cuando se dice que es una inflación de costes y que están aumentando los márgenes empresariales, lo cual se conjuga bastante mal». El problema, indica, es que muchas empresas no pueden hacer frente a los costes de producción, por lo que hablar de limitación de beneficios «es complicado». Así, rechaza una subida salarial al ritmo de la inflación por dos razones: «Porque muchas empresas no podrían soportarla y porque las que pudieran repercutirían ese incremento de costes en los precios, lo cual generaría efectos de segunda ronda».

Para Álvarez, sea cual sea la causa de la inflación, la única manera de contenerla es restringiendo la demanda, como está haciendo el Banco Central Europeo. Unas medidas que generan un problema de reparto de costes de la crisis, de modo que quien tenga menos recursos económicos sufrirá en mayor medida los efectos. Por lo que «no tiene sentido conceder subvenciones generales no vinculadas al nivel de renta», que solo provocan que la demanda siga aumentando.

Una opinión que comparte su compañera Susana Álvarez Otero, profesora titular de Economía Financiera, que también considera que «el café para todos no vale», sino que se debe priorizar la ayuda a los más vulnerables. «Tiene que haber una distribución de la pérdida de riqueza, que los agentes sociales lleguen a acuerdos; cuanto antes lo asumamos, antes saldremos del bache», pone de manifiesto. De lo contrario, si se llevan a cabo subidas lineales, la economía entrará «en un ciclo hiperinflacionista» del que será muy complicado salir.

Por esta razón, no comparte el incremento generalizado del 8,5% de las pensiones y, al mismo tiempo, de las cotizaciones sociales. «Las empresas no pueden afrontar esto y, además, es una medida electoralista por parte del Gobierno», añade Álvarez Otero. En esta compleja coyuntura económica, «la única solución es un pacto de rentas» en la línea de los Pactos de la Moncloa firmados en 1977, cuando la inflación en España «llegó a cerca del 30%».