Arcelor traslada al Principado su inquietud por la futura evolución de las plantas asturianas

Las amenazas que se ciernen sobre la industria siderúrgica asturiana ya se están dejando notar, pero irán a peor. Esta fue la advertencia que lanzó ayer el presidente de ArcelorMittal España, José Manuel Arias, en su reunión con el jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández, un encuentro en el que también participó Nicolás de Abajo, responsable a nivel mundial de los centros globales de I+D de ArcelorMittal, y el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola. La cita estaba fijada para hacer un seguimiento de la colaboración entre el Gobierno regional y la compañía en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, pero dio para hablar de otros asuntos.

Más allá de repasar esa estrecha relación, también se abordaron algunos de los problemas que más preocupan a la multinacional, pero también al Ejecutivo de Javier Fernández, como el proceso de descarbonización y sus efectos o el precio de la energía, muy ligado al estatuto para la industria electrointensiva y a la subasta de interrumpibilidad, cuyos últimos resultados provocaron un fuerte enfado en la dirección de Arcelor, ya que supusieron una rebaja de la retribución de alrededor de un 50% con respecto a la anterior, que ya había sido a la baja.

No es la primera vez que Arias, nombrado en enero jefe de proyectos estratégicos de largos en Europa, expresa sus preocupaciones sobre el futuro del negocio de las plantas asturianas. Ya en febrero, en una reunión con los sindicatos, anunció un panorama nada halagüeño para las factorías asturianas en este 2019 y alertó de «la presión» que se ejercerá desde la dirección del grupo sobre las plantas españolas y, en concreto, sobre las de Gijón y Avilés para que ganen en productividad y mejoren sus resultados. Sin embargo, según trasladó ayer al presidente regional, la situación no ha hecho otra cosa que empeorar y la evolución será aún más negativa, influida por la desaceleración económica mundial, la guerra comercial, el coste de los derechos de CO2 o el 'Brexit', entre otros aspectos.

Las malas perspectivas han llevado a Arcelor a optar por medidas defensivas y de contención de costes. Además de parar las líneas de hojalata y galvanizado en varios momentos ante la escasez de contratos, están acudiendo a mercados que ofrecen menos rendimiento, pero que permiten mantener la actividad. También se impusieron siete jornadas del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que la plantilla rechazó de plano, ya que se justificaron por la necesidad de reducir los costes fijos, y no por la falta de pedidos, como estaba pactado. Y las negociaciones del acuerdo marco se encuentran bloqueadas, entre otros aspectos, por la oferta de la multinacional de subir los salarios un 0,4%, frente al 4% que reclaman los sindicatos.

De hecho, la falta de avances en la negociación del documento que rige las relaciones laborales en la mayoría de centros del grupo en España ha llevado a los sindicatos a convocar dos jornadas de huelga, paros de 24 horas que tendrá lugar los días 23 y 27 de abril, si no se produce un cambio radical en las propuestas de la dirección de Arcelor, que también rechaza otros aspectos que proponen las centrales, como avances en la jornada laboral, mejoras en el seguro colectivo o el compromiso de nuevas convocatorias de contratos relevo, además de restringir a un año la vigencia del documento, frente a los tres de los anteriores.

Ante esta convocatoria, que será explicada en varias asambleas a los trabajadores la próxima semana, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, apeló tras el encuentro a la responsabilidad de ambas partes para llegar a un acuerdo que permita mejorar la competitividad de las factorías a la vez que lograr avances salariales y laborales. Además, reconoció que «siempre preocupa» que pueda haber problemas en las factorías del gigante siderúrgico, a la que calificó de «parte del corazón industrial de Asturias».