Arcelor produce sin una idea clara de sus costes por los retrasos de la UE en los derechos CO2

El caso de Arcelor es paradigmático. La multinacional siderúrgica esperaba conocer este mes cuáles serán esas reglas con las que se asignen los derechos de emisión hasta 2025, pero ya prevé que las noticias no serán positivas. Por un lado, porque esta fase quiere impulsar definitivamente un mecanismo que, hasta ahora, no ha funcionado especialmente bien, por lo que acelera la reducción de los derechos gratuitos que corresponden a cada instalación. Y, por otro, porque para asignarlos se toma como referencia la producción en los dos últimos años. Se da la circunstancia de que, en el caso de la multinacional siderúrgica, fueron dos ejercicios marcados por la crisis, por la aplicación de expedientes de regulación y por una actividad al ralentí. Esto implicaría que las asignaciones de derechos gratuitos se reducirían doblemente, por un lado por la entrada en esa fase más restrictiva del mercado y, por otro, porque se corresponderían con cifras de producción anormalmente bajas.

No obstante, en este segundo caso se espera que la Unión Europea contemple algún tipo de corrección, sobre todo porque en nada se parece la actividad de las factorías asturianas en este inicio de 2021 con la de 2020, marcada por la pandemia, o incluso con la de 2019, un año en el que la siderurgia europea estuvo sumida ya en una profunda crisis.

Hay otro temor en el medio plazo: la retirada total de los derechos de asignación gratuitos. Aunque el Parlamento Europeo votó en contra de ello, esta posibilidad está sobre la mesa en el proyecto para crear un ajuste en frontera para el carbono. Esta medida se plantea como algún tipo de tasa aduanera, un impuesto o una compensación que pagarían las empresas extranjeras por el sobrecoste que asume la industria europea en el mercado de derechos de emisión con respecto a sus competidores extracomunitarios. En principio, de aplicarse correctamente corregiría la distorsión en el mercado comunitario que generan los productos que se importan de países sin esas restricciones medioambientales, por lo que una parte de la UniónEuropea apuesta por retirar los derechos de asignación gratuitos. El problema, denuncia la industria, es que dejarían de poder exportar, porque fuera de Europa sus productos no serían competitivos en absoluto.

Y en este contexto, el precio del CO2 marca cifras de récord mes tras mes. En abril, la tonelada está rondando los 44 euros, cuando en marzo fue de 40,87, en febrero de 37,89 y en enero de 33,43. Hace un año, era menos de la mitad, 20 euros, y hace cinco, de 5,69.

La multinacional reconoce que para producir una tonelada de acero emite alrededor de 1,75 de CO2. Así, de eliminarse los derechos de emisión gratuitos la factura por el CO2 de las plantas asturianas rondaría los 350 millones de euros anuales, a razón de una producción de 4,5 millones de toneladas. Un sobrecoste tan brutal dejaría fuera del mercado el acero asturiano. De hecho, Arcelor ya ha desviado pedidos a la acería eléctrica de Sestao porque las emisiones en Asturias restan competitividad a las factorías de la región.