El arancel ambiental de la UE amenaza con asestar otro duro golpe a la siderurgia asturiana

El pasado viernes, la comisión de medioambiente del Parlamento Europeo votó mayoritariamente a favor de ese ajuste en frontera para el carbono. Hubo 58 votos positivos, 8 en contra y 10 abstenciones. La resolución tiene como objetivo conseguir una medida compatible con las estrictas normas de la Organización Mundial de Comercio sobre todos los productos importados bajo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión. Este es el principal mecanismo de la UE para obligar a la industria a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente, implica tener que pagar por contaminar y esto supone que las compañías apuesten por tecnologías más limpias. El problema es que el sobrecoste que supone conlleva el peligro de la fuga de carbono, que se traduce en la deslocalización de la producción hacia países menos restrictivos y con unos costes menores, al no tener que asumir el precio de esos derechos. De ahí que existan asignaciones gratuitas de CO2 que, no obstante, no están compensando los efectos que las normas medioambientales tienen en las cuentas de las empresas intensivas en energía, como Arcelor.

Este año, de hecho, se inicia la Fase IV del régimen, lo que implica una reducción de los derechos gratuitos y también de los que están en el mercado, lo que ya se está dejando notar en el precio del CO2. Su cotización se está disparando en gran parte debido a la especulación y ya supera los 38 euros por tonelada, lo que supone un incremento del 65% desde noviembre. La razón se encuentra en las cada vez más ambiciosas políticas climáticas de Bruselas y en el interés de los fondos de inversión, que confían en rascar beneficios con su imparable escalada.

Plantas como las de Arcelor o AZSA, pero también otras de menor tamaño y de otros sectores como Química del Nalón, CAPSA o Ilas, tienen concedidos derechos de emisión gratuitos, pero si se exceden de ellos deben acudir al mercado y comprarlos. «El precio actual del carbono es de 38 euros por tonelada, los costes de producción del acero primario de la UE aumentarían unos 75 euros por tonelada», advierte Eurofer sobre el planteamiento votado en el Parlamento Europeo, que incluye una enmienda de compromiso que pide explícitamente la rápida eliminación de las medidas de fuga de carbono existentes. Por ello, le insta a reconsiderar su posición durante la etapa plenaria. En caso contrario, habría «un impacto perturbador en la industria siderúrgica de la UE y de las cadenas de valor relacionadas» y, además, socavaría su capacidad financiera para invertir en tecnologías bajas en carbono, a la vez que se pone en peligro la competitividad de las exportaciones a terceros países. El acero europeo quedaría allí fuera del mercado.

En este sentido, la patronal insiste en que es «esencial» seguir manteniendo las asignaciones gratuitas y la compensación de los costes indirectos al nivel de las instalaciones más eficientes para evitar deslocalizaciones.

Mientras la UE ha aumentado hasta un 55% el objetivo de reducción de emisiones para 2030, el sector defiende que una mayor ambición climática requiere de medidas mayores contra la fuga de carbono y no al contrario. «El ajuste en frontera puede proporcionar una protección reforzada solo si complementa la asignación gratuita al nivel de los puntos de referencia actuales y aborda las deficiencias de las medidas existentes durante un periodo de transición».

En Asturias la situación es aún más compleja, ya que a esto se suma el contexto poco propicio de España para la gran industria, con un precio de la electricidad que duplica al de países como Francia y Alemania y un estatuto para las electrointensivas que no supone apenas avances. De hecho, el consejero de Industria, Enrique Fernández, ya advirtió la semana pasada de que el riesgo de deslocalización de Arcelor es cierto.