Antonio Garamendi (Guecho, 1958) es el presidente de los empresarios españoles. La situación que atraviesa el país, común a toda Europa y que pasa por ... el encarecimiento desmedido de la luz y las materias primas, preocupa en la CEOE, pero también los cambios regulatorios que negocian con el Gobierno.
-¿Son suficientes las medidas del Gobierno para frenar la crisis energética?
-La crisis energética es global. Cuando se toman medidas estratégicas que no están bien orientadas, pasan estas cosas. Hace muchos años se cerró Zurita, Garoña... Vemos cómo la energía nuclear desaparece y en Francia supone el 70% de la generación. Ha desaparecido el carbón porque sí y, sin embargo, casi el 40% de la producción alemana es con carbón. El mercado energético es europeo y marginal, y eso no lo puedes cambiar. En el momento que el gas se dispara, se dispara también el de la luz. Tiene que haber un apoyo decidido a la industria. El sector industrial tiene una potencia muy importante de tracción. Por otro lado, tiene que haber una seguridad jurídica, una estabilidad regulatoria y una calidad de la norma. El plan energético a 2030 tiene una inversión de 250.000 millones. El 80% los tienen que poner la iniciativa privada. Si no hay seguridad, estabilidad regulatoria y calidad de la norma, nadie va a invertir. Las decisiones radicales que en algún caso se pueden tomar pueden ser muy peligrosas.
-¿Cómo reducimos la factura?
-Lo que hay que ver es cómo las empresas pueden tener contratos de largo plazo. El sector eléctrico ya está anunciando que si se retira ese real decreto puede negociar este tipo de acuerdos. Veamos también lo que estamos pagando en impuestos, que es más de la mitad. Donde hay que centrarse de verdad es en ayudar a la industria, porque ahí está el problema.
-Ya hay recortes de producción. ¿Se corre el riesgo de cierres, deslocalizaciones?
-Eso no lo voy a decir, sería una noticia horrible, espero que no. A la crisis energética hay que sumar la escasez de materiales. Es un momento delicado y de tensiones. Los expertos dicen que el problema de la energía es coyuntural. Las deslocalizaciones se harán en función de la confianza y hay una serie de temas, como la reforma laboral, que pueden provocar que España tenga más o menos interés para invertir.
-Las electrointensivas llevan años alertando de esta situación. Se plantean ahora juntarse para comprar energía. ¿Se las ha dejado de lado?
-Hay sectores que han hecho grupos de compras, son cosas que se han hecho y se van a seguir haciendo. En la programación del sistema eléctrico llevamos cometiendo errores muchos años. Pero es que he leído que el Gobierno quiere que no haya ganaderías a menos de 500 metros de las casas. Es que son ideas de laboratorio. El que haya planteado eso no ha venido por Asturias, por el norte de España, en su vida.
-Ese concepto de idea de laboratorio, ¿se puede aplicar también a la descarbonización?
-Que hay que ir a la descarbonización es un hecho, todos trabajamos en la sostenibilidad. Pero hay que hacer transiciones inteligentes, razonables, porque nos puede salir más caro de lo que debería.
-La solución a la crisis energética no pasa entonces por reducir los beneficios a las eléctricas.
-Pues no. Tenemos que pensar que hablamos de la marca España. Cuando hablamos de inversión, lo que se quiere es estabilidad. Hay que conjugar los intereses de dos sectores que son industriales, pero hay una parte importante de la solución que está en el sistema.
-¿Están en peligro las decisiones de inversión de las eléctricas?
-Hay dos compañías que tenían inversiones en España y ya las han trasladado fuera esta semana. Lógicamente, las multinacionales españolas tienen que buscar espacios para ser competitivas.
-Hay un mecanismo que no se esta tocando, que es el CO2.
-España recauda 2.500 millones y se supone que es para hacer esa transición. Sería bueno para ayudar a las electrointensivas.
-El desabastecimiento y la carestía de las materias primas, ¿son ya un problema grave?
-Es un problema muy serio. Estamos viendo el tema de los microchips y el sector del automóvil, y vemos fábricas paradas una serie de días por este asunto. Vamos a ver si es un tema coyuntural o estructural. En Europa hemos perdido el espacio para fabricar microchips, pero es que pasa también con el coche eléctrico. Si lo queremos, ya podemos ponernos a hacer la fábrica de baterías ya, porque si no, cuando nos pongamos a hacerla se habrá pasado el arroz y lo hará cualquier país europeo de nuestro entorno.
-La economía sigue creciendo, llegan los fondos europeos, pero hay una serie de nubarrones encima. ¿Peligra la recuperación?
-Hay que ser optimistas. Estamos creciendo, pero al 5,5% y no al 7%. El crecimiento está siendo asimétrico, pero está funcionando. No están siendo los datos buenísimos que nos dicen, pero tampoco los malísimos. ¿La recuperación va a ser? Sí. ¿Pero va ser más lenta de lo que nos cuentan? También. Cuando hablamos de los fondos, tanto o más importante que los fondos es que tengamos una estabilidad presupuestaria. Es fundamental que tampoco se hagan reformas que vayan en contra de la competitividad. Si me das dinero pero haces una reforma laboral que contrae la capacidad de crecer, no se va a contratar, y con la ley no creas empleo. Junto con los fondos vienen las reformas y, en muchos casos, pensamos que pueden estar orientadas, en algunas partes del Gobierno, en sentido contrario a lo que debería ser la brújula que marca el norte.
-¿Cuáles?
-Lo que nos plantean con la reforma laboral. Lo que hay que hacer es ver cómo mejoramos las cosas, cómo conseguir que la gente joven entre al empleo, porque tenemos un paro juvenil del 40%. Y en eso estamos de acuerdo.
-Los fondos europeos ayudarán a tomar impulso.
-Tenemos que ser conscientes, no llevarnos una decepción. Una gran parte serán concursos públicos de mejora administrativa de infraestructuras; otra parte serán los PERTE, que serán transversales. Está el sector del automóvil, pero también el energético, con las electrolineras, el sector digital y la fábrica de baterías. Estamos hablando de un ecosistema inmenso. Hay que tener presente que de cada cinco euros, cuatro los pone la iniciativa privada, porque parece que están regalando el dinero, y no. Y las empresas van a invertir si ven una estabilidad jurídica, una seguridad jurídica y una calidad de la norma. Nos guste o no, vamos a tener un problema: la mitad de los fondos se gestionan a través de las comunidades autónomas. Una empresa de ámbito nacional va a tener un buen lío para moverse en 17 comunidades autónomas más un gobierno central para hacer un planteamiento de fondos.
-¿Están preparadas las comunidades autónomas para recibir y gestionar esos fondos?
-Posiblemente, veremos que unas comunidades van más rápidas.
-¿Cuáles son las líneas rojas que marcan en la reforma laboral?
-Estamos en plena negociación y no me gusta entrar. Si lo que vamos a hablar es de temporalidad, hay que ver cómo solucionarla. Pero no vale que digan: 'Es que es un porcentaje'. Si aplicamos el 15% de temporalidad a una empresa de cinco trabajadores, ¿qué pasa?, ¿que parten en dos a un trabajador? Es que no está ni pensado. Hay que estudiarlo bien y ahí estamos dispuestos a hablar. Y lo que dice Europa es eso. Ahí nos van a encontrar.
-El Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a tener la reforma lista antes de que acabe el año. ¿Se cumplirá el calendario?
-No lo sé. No tengo prisa. Si lo que pretenden es apretar y cerrar el último día a las doce de la noche, mejor hablamos ya.
-El tipo mínimo del 15% en Sociedades, ¿pone en peligro el tejido productivo del país?
-Hay muchísima demagogia en todo esto. Las empresas españolas y el Ibex están en el entorno del 18% e incluso más. Porque estamos hablando de que las empresas pagan en todos los países en los que están. Son debates políticos, parece que hay que buscarse todos los días una noticia y que la culpa de todo la tienen las empresas.
-Entonces, esta medida no tiene ninguna afección.
-En principio, si es como nos dicen, estamos hablando de 300 millones en impuestos, afecta a muy poca gente. Ahora, si fuera de otra manera, llegaría a que se deslocalicen las empresas de España. Si una compañía paga en un país un 20%, no puede ser que venga a España y le hagan pagar un 15%. Ya los ha pagado allí. Y hay algo que es el efecto sede, que da una riqueza inmensa.
-No se sumaron al último acuerdo para subir el salario mínimo, pero el Gobierno pretende volver a incrementarlo en enero. ¿Se sentarán a esa mesa?
-Nosotros nos vamos a sentar y luego explicaremos el sí o el no. También es cierto que si ahora decimos que no toca y dentro de un mes lo suben más, no será fácil que digamos que sí.
-Mucha gente no comprende cómo un incremento de 15 o 20 euros del salario mínimo puede suponer problemas graves para las empresas.
-Eso es demagogia. Invitaría a esos que lo dicen a que contraten a una persona y lo hagan. Hablemos del campo. El señor que está con el tractor, cobra el salario mínimo, pero las cebollas siguen costando lo mismo. El Estado nos esta diciendo: 'Te invito a cenar, pero pagas tú la cena'. Lo dice el propio Banco de España: va a conseguir más economía sumergida.
-¿Cómo se conjuga la estabilidad financiera con el incremento del gasto?
-Bruselas, el año que viene va a seguir dejando margen, pero en 2023 va a marcar senda de estabilidad. Bruselas hablaba de déficits del 2% y estamos en el 5,5%, y eso pueden ser 70.000 millones al año de más. Tenemos que empezar a pensar. Lo que pedimos es rigor.
-¿Dónde metemos mano?
-No añadiendo gastos estructurales, medidas de corte social que a veces son más electoralistas que otra cosa...
-¿Hay que vacunar a todos los trabajadores del país?
-Sé que si lo planteo se va a decir si es constitucional o no. Lo planteamos así para que el debate esté. España es un ejemplo en la vacunación. Pero es verdad que en empresas, en bares, que alguien diga: 'No me quiero vacunar', puede poner en riesgo a otros compañeros o a los clientes. Si usted no se vacuna, pues me deja el espacio para que se vaya a la calle. Y si no, usted se vacuna. Si a nosotros nos preguntaran, pues sí, que fuera obligatorio, pero lo que queremos poner encima de la mesa es la insolidaridad de uno contra el resto.
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