El Principado insta a Alcoa, Parter y el ministerio a «actuar» en Alu Ibérica

«Existe una alarmante falta de confianza en el proyecto que se nos presenta en Alu Ibérica y los actuales inversores no están sabiendo, queriendo o pudiendo resolverlo«. Con esta contundencia se ha expresado esta tarde el consejero de Industria, Enrique Fernández, sobre el conflicto que afecta a las plantas de Avilés y La Coruña y que eran propiedad de Alcoa. No se explica los movimientos que Grupo Riesgo ha realizado en los últimos días, como renovar los equipos y visitar instalaciones de otras comunidades. «Si todo estaba madurado, lo podían haber hecho antes», ha apuntado. Además, los nuevos propietarios de las plantas, que compraron casi el 75% de las acciones a Parter, «no terminan de aportar la documentación sobre su solvencia y garantía financiera». «No vemos el respaldo financiero en el Gobierno de Asturias», ha señalado.

Ante esta coyuntura, Fernández solicita «que se actúe». Una petición dirigida a quienes firmaron el primer pacto, el pasado verano: Alcoa, Parter y el Ministerio de Industria. «Nos consta que están trabajando intensamente en esta situación para tratar de resolverla», ha asegurado. Sobre la posible intervención pública de Alu Ibérica, operación que reclaman las plantillas, los sindicatos y Podemos, el Principado no descarta «ningún medio que nos permita llegar al fin que todos perseguimos, que es mantener la actividad económica y el empleo en las plantas».

Fernández, que ha realizado estas declaraciones tras su visita al centro de Idonial, en Gijón, también se ha pronunciado sobre la sexta reunión de la comisión mixta encargada de analizar el impacto de la transición energética en Asturias. En el encuentro, celebrado esta mañana, se ha acordado fijar un nuevo plazo para tener listas las conclusiones: entre finales de junio y principios de julio. Fernández ha explicado que la crisis del coronavirus ha retrasado el desarrollo de las mesas de trabajo, pero la intención es agilizar los próximos pasos. En dos o tres semanas, el Principado recibirá un informe elaborado por la consultora BC3 y, después, se abrirá un plazo de quince días para exponer las conclusiones a los colectivos interesados en el procedimiento. Este informe final se sumará «a los trabajos que se desarrollan en otros ámbitos más generales de reconstrucción económica y social como consecuencia de esta crisis del coronavirus».