Alerta en las empresas por el escaso impacto de los fondos europeos en la economía real

Más allá del sesgo político con el que la oposición considera que se está distribuyendo el dinero de Bruselas, lo cierto es que las grandes cifras, las que de verdad están destinadas a transformar el modelo productivo español, están todavía lejos de impactar en la economía real.

Desde la patronal CEOE llevan semanas denunciando la escasez de convocatorias y la lentitud de las licitaciones. Y otros representantes empresariales indican que, al menos de momento, el poco dinero que ya está en marcha «no se está destinando a proyectos de calado», capaces de generar el efecto transformador que se les presupone.

De los 24.000 millones presupuestados en 2021 (por encima de los 19.000 millones aprobados por la Comisión) se han autorizado 22.124 millones. Pero eso no significa que el dinero ya esté fluyendo en la economía.

De hecho, las transferencias a las comunidades rondan los 11.250 millones de euros. Pero se desconoce cuánto está en realidad ejecutado, siendo la última referencia oficial la ofrecida hace muchos meses (en agosto) por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en la que se apuntaba a unos 104 millones de euros.

Sin datos oficiales de ejecución real, los boletines semanales del Plan de Recuperación pueden dar una idea de los proyectos que se van aprobando con sus correspondientes inversiones (aunque eso tampoco significa que las mismas estén ya operativas). De esos datos se desprende que las comunidades han movilizado poco más de 2.000 millones en distintas convocatorias desde noviembre. Entre ellas, destacan las inversiones en autoconsumo energético y pequeñas infraestructuras para la mejora de puentes, túneles o ferroviarias, como las obras para unir las estaciones de Chamartín y Atocha, en Madrid.

También existen subvenciones para fomentar el empleo juvenil, la formación digital y ayudas a la investigación. Y otras más 'curiosas', como 98 millones de euros destinados a rehabilitar edificios sindicales. O los tres millones que servirán para dar publicidad a distintas medidas sociales, entre otras.

«Hay algunos proyectos que resultan casi ridículos: carriles bici que debería financiar el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana y el gasto se ha derivado a Turismo, obras de mejora en vallados de un campo de golf en Asturias... Está claro que el mecanismo de reparto puede mejorar muchísimo», critica un alto ejecutivo del sector. «La desilusión es generalizada», reconoce José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur. La patronal calcula que de los 600 proyectos turísticos que han sido seleccionados para recibir ayudas «la mayoría tendrá un escaso poder transformador» porque «se reparten al menudeo», en pequeños municipios donde el sector apenas tiene potencial.

En el mismo sentido se manifiestan desde la patronal del automóvil o de la construcción, donde el grave problema lo encuentran en «la escasez de mano de obra para hacer frente a todos los proyectos que llegarán», así como la falta de formación de sus empleados para llevarlos a cabo.

El atasco para llegar a grandes proyectos también deriva de la excesiva burocracia en el viaje del dinero desde la Administración central hasta las regiones. Analizar, aprobar y poner en marcha las ayudas supone un reto mayúsculo para los empleados públicos que ha provocado que, entre otras cosas, las corporaciones locales no hayan entrado aún en el proceso de reparto como último eslabón de la cadena administrativa. El propio Gobierno reconoce las dificultades para recopilar los datos de los fondos que ya se están moviendo, por lo que se ha marcado el primer trimestre del año como plazo para formar a funcionarios, con el objetivo de que dentro de unos meses empiecen a publicarse informes periódicos que faciliten el seguimiento de cada euro movilizado.

Desde el Ministerio de Economía son conscientes de que la puesta en marcha de los recursos va con algo de retraso. Pero lo achacan al propio plazo que ha transcurrido desde que se aprobó el Plan de Recuperación (13 de julio). «El tiempo efectivo de todo el proceso ha sido de tan solo seis meses», recuerdan fuentes de la secretaría de Estado. Confían, no obstante, en que la velocidad de crucero llegue en este primer semestre de 2022, con 177 nuevas convocatorias previstas por unos 17.000 millones de euros, según confirman fuentes del Ejecutivo.

Pese a todo, los expertos se muestran escépticos. «El gasto ejecutado a finales de 2021 era todavía modesto y el dinero no llegará a sus destinatarios hasta finales de 2022», alerta el asturiano Ángel de la Fuente en un reciente análisis de Fedea. Es decir, el impacto de las inversiones en el crecimiento tendrá que esperar.

El economista Daniel Lacalle recuerda que, «históricamente, en economías muy endeudadas como la nuestra los planes fiscales no tienen un efecto multiplicador, porque suelen irse a pagar gasto corriente y, en lugar de generar rentabilidad, solo sostienen el PIB a corto plazo».

Bajo este escenario, considera que es «absolutamente imposible» que se cumpla la previsión del Gobierno sobre un impacto medio anual de los fondos del 2% sobre el PIB. «Apenas alcanzará el 0,2%, es decir, prácticamente nada», indica el experto.

Los empresarios también dudan del efecto multiplicador de estas inversiones. Al menos en 2022, con los grandes motores del cambio, los denominados PERTE, todavía en fase muy inicial. De los siete comprometidos solo hay tres aprobados en Consejo de Ministros. Y solo el del vehículo eléctrico, anunciado en julio de 2021, ha publicado la orden que establece los requisitos para las empresas interesadas. Pero aún se desconoce quién, y sobre todo dónde se desarrollará la esperada fábrica de baterías, llave maestra del proyecto.

Respecto al PERTE de salud de vanguardia, hay resueltas cinco convocatorias para financiar proyectos por 65 millones, mientras que la primera convocatoria del hidrógeno verde asciende a 250 millones, sobre una inversión total de 16.300 millones de euros.