El alejamiento de la UE de Rusia pone de nuevo en el foco a la regasificadora de Gijón

Con 380 millones de euros de inversión, tras pasar por un complejo proceso judicial y con la declaración de impacto ambiental ya bajo el brazo, la instalación gijonesa vuelve a estar en el foco para su apertura. España tiene un gran potencia para recibir gas a través de barcos metaneros y otros gasoductos, almacenarlo y distribuirlo. Esta capacidad puede dar un nuevo salto con la puesta en funcionamiento de la instalación gijonesa y paliar así parte de las necesidades de abastecimiento de la UniónEuropea, que mira a España como punto estratégico en su objetivo de reducir la dependencia del gas ruso. La pasada semana, el portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, Maciej Berestecki, lo apuntó en un acto en Oviedo. «Me imagino que España va a querer aprovechar esta oportunidad y eso puede cambiar la situación con la regasificadora inactiva en Gijón».

La situación no es nueva. En el año 2014, Rusia tuvo un nuevo conflicto con Ucrania a cuenta de Crimea, que finalmente se anexionó. La situación internacional distaba mucho de la que se vive ahora, pero de nuevo se apuntó a la necesidad de reducir la dependencia del gas ruso. Y de nuevo se señaló a la regasificadora de El Musel, en aquel momento con una sentencia en contra que impedía su puesta en marcha, como una infraestructura clave para conseguirlo. Incluso en 2009, cuando Rusia decidió cortar el suministro de gas a Ucrania, afectando a países como Alemania, se apuntaba a la pertinencia de una instalación que aún estaba solo en los papeles. No obstante, tanto entonces como ahora, el sistema gasista español cuenta con un lastre: su interconexión con el resto del continente.Los gasoductos hacia Francia tienen poca capacidad y el proyecto para poner uno nuevo en marcha sigue paralizado después de años.

La situación actual parece diferente. La unidad que han demostrado los Veintisiete en su rechazo a la acción de Rusia y la determinación que parecen haber tomado en cortar lazos y dependencias lanzan la red de almacenamiento y distribución española y, con ella, a la regasificadora de El Musel.

La crisis

El contexto económico en el que nació esta infraestructura, en los años previos a la crisis de 2008, es bien diferente del que se vive en la actualidad. Era época de bonanza, con la economía disparada, y había sobre la mesa muchos proyectos para poner en marcha centrales de ciclo combinado alimentadas con gas en Asturias. Antes de la crisis, se llegaron a acumular cerca de 3.000 millones de euros en anuncios de proyectos de inversión. Infraestructuras como los dos grupos de 400 MW cada uno que planteaba Isolux en las instalaciones de la vieja térmica de Arcelor, los 800 MW que la irlandesa Esbi quería levantar en Corvera y los 860 MW que Endesa planeaba para la zona del parque de carbones de Arcelor daban cuenta de ello.

Ninguno llegó a ponerse en pie. La burbuja del gas se deshinchó en toda España y con ella la regasificadora pasó, una vez acabadas las obras en 2012, a estado de hibernación. Tampoco las infraestructuras complementarias ayudaron en esta primera fase.Los retrasos en la construcción de las líneas eléctricas de evacuación que se proyectaron entonces, como Sama-Velilla, lastraron la puesta en marcha de los ciclos combinados y, con ello, la idoneidad de poner en marcha una regasificadora que, en el contexto nacional, ya no era imprescindible.

La sentencia

El gran mazazo para su entrada en funcionamiento llegó en 2013. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid atendía los argumentos de la demanda de Los Verdes de Asturias y anulaba la autorización de la regasificadora. La instalación gijonesa incumplía la normativa que prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas. Esta disposición legal había cambiado antes de la construcción de la regasificadora, pero no lo suficientemente pronto. La tramitación administrativa arrancó antes de la modificación legal, lo que abocó a la sentencia contra la infraestructura.

Tras años de recursos perdidos, tocaba comenzar una nueva tramitación que tuvo el pasado año un hito de calado: en mayo, el Ministerio para la TransiciónEcológica, daba luz verde a la declaración de impacto ambiental.Ahora, la discusión se centra en los últimos trámites. El Ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son los órganos que deben dar las últimas autorizaciones para que la regasificadora pueda ponerse en funcionamiento.Desde el Principado, insisten en que estos agentes, unidos a Enagás, propietaria de la instalación, discuten los usos de la regasificadora. Las opciones que se plantean pasan por el almacenamiento, la regasificación y los usos mixtos, según señaló la pasada semana el consejero de Industria, Enrique Fernández. Además, el despegue del hidrógeno verde, con la regasificadora como elemento importante en varios proyectos, juega su papel. La directora general de Energía,Belarmina Díaz, señaló que se trabaja para incorporar, ahora o en un futuro, este vector energético en la infraestructura gijonesa. El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, pidió ayer en el marco de la Conferencia de Presidentes, la puesta en marcha de la regasificadora. El contexto parece favorable. Ahora, falta la decisión.