Alcaldes y partidos políticos reclaman planes a medida en la descarbonización

El alcalde de Mieres es uno de los más beligerantes de Asturias con la denominada descarbonización exprés. Aníbal Vázquez, de IU, no se muestra en contra de un proceso para lograr energías más limpias porque hay «muchos elementos para estar a favor de esta transición, como lo es el cambio climático y sus efectos». Pero tampoco «tenemos que ser los primeros de la clase en aprobar esta asignatura; no suspenderla, pero es mejor, en este caso, sacar buena nota cuando toque», añade.

Por eso, el regidor se posiciona al lado de las grandes industrias de la región que reclaman un cambio paulatino. «Es seguro que habrá una incidencia importante en el recibo de la luz -al alza, apunta- si se saca el carbón del mix energético nacional» y además duda de las posibles compensaciones que anuncia el Gobierno para las comarcas mineras por el cierre de las térmicas, que, en la última reconversión minera, «no sirvieron para su propósito».

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, también de IU, considera que el Ejecutivo central no conoce la realidad de Asturias. «Se habla de descarbonización y parece que hubiera personas que seguimos apostando por el pasado. Aquí lo que algunos defendemos es que se nos dé el tiempo suficiente como para poder ajustarnos a esa nueva realidad», señala. El regidor langreano reconoce que cumplir los mandatos de la UE es irrenunciable, pero es esencial establecer un proceso equitativo.

«¿Hay que hacerlo siendo los chavalinos de la película? ¿tenemos que ser los primeros cuando otros países están haciéndolo de manera más lenta?», cuestiona. En cualquier caso, «a los territorios no se nos puede dejar tirados porque tenemos ciudadanos que necesitan seguir viviendo», destaca. Alargar los plazos para la transición energética «lo máximo posible» y que la quema de carbón sea sostenible son las dos líneas de defensa del Ayuntamiento de Tineo. El alcalde, el socialista José Ramón Feito, afirma que su apuesta pasa por el mantenimiento de las térmicas y con quema de mineral autóctono. «Defendemos una reserva estratégica de carbón nacional», especifica. Además, recuerda que la normativa de la UE «no precisa que haya que cerrar las térmicas de un día para otro» y, por ello, insta a extender los plazos para realizar esa transición energética.

En este sentido, apunta la posibilidad de que las centrales alimentadas con carbón puedan realizar inversiones de cara a reducir las emisiones de dióxido de carbono. «Se podría invertir en temas de investigación para que las centrales no contaminen tanto. La térmica de Soto de la Barca no es de la más contaminantes. Si se le diera un futuro para amortizar la inversión de la desnitifricadora, supongo que la llevarían a cabo», señala el regidor tinetense. Por otro lado, expone sus dudas sobre la capacidad de mantener el suministro eléctrico sin las centrales térmicas. «Ahora mismo no hay capacidad suficiente como para prescindir de ellas», advierte Feito.

Los grupos parlamentarios también respaldan, con diferentes matices entre sí, que la descarbonización se haga a medida de los territorios y sin acortar los plazos, como es la intención de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien apuntó a 2025 como fecha orientativa para el fin del carbón. El Acuerdo de París, adoptado en 2015 por cerca de 200 países, planteaba elaborar planes de descarbonización con el horizonte temporal de 2050.

El impacto que tendría una descarbonización exprés, como mostraron con datos los ponentes en la jornada organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), es «un asunto ya tratado en el seno de la concertación social a instancias del Gobierno del Principado y, de forma más concreta, en el Foro por la Industria. Por lo tanto, es un tema que ya se ha ilustrado tanto por la parte empresarial como por la sindical», recuerda el consejero de Industria. Puntos de vista que comparte el Ejecutivo asturiano, como reconoce Isaac Pola. «De hecho, ya habíamos advertido de la gravedad de las implicaciones que tendría para nuestra región una transición energética precipitada», asegura.

Por su parte, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, califica de «ecología de salón» los planteamientos de Ribera, que pretende una aceleración del cambio de modelo que «no nos viene nada bien en Asturias». Asimismo, acusa a la Federación Socialista Asturiana (FSA) de guardar silencio ante las intenciones de Ribera y al presidente del Principado, Javier Fernández, por su ya «clásica quietud y parsimonia» ante la defensa de los intereses de la región.

«Hemos pasado de un ministro del PP, Álvaro Nadal, que era cómplice del mantenimiento de las térmicas en Asturias, a una ministra del PSOE que apuesta por las energías renovables de forma rápida en contra de los intereses de Asturias», sostiene. La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, Lorena Gil, pide «unanimidad a todas las fuerzas políticas para defender los intereses de toda la ciudadanía». En ese sentido, reclama una transición energética justa y progresiva «para que en este proceso no puede quedar nadie atrás».

Hace alusión a las personas que trabajan en las empresas de los sectores que se verían afectados por este proceso energético. «Así, consideramos que lo fundamental es el mantenimiento del empleo y no aceptaremos una transición energética que no tenga en cuenta el mantenimiento de los puestos de trabajo y demandamos que sea en las comarcas mineras», ya que en estas zonas la tasa de desempleo se sitúa diez puntos por encima de la registrada en las grandes ciudades asturianas.

El coordinador regional de IU en Asturias, Ramón Argüelles, denuncia «la descarbonización brutal» pretendida por el Gobierno, que, en cambio, beneficiará a las centrales nucleares. «Asturias necesita un tratamiento singular, territorial. No necesitamos una ministra que sea experta en analizar los problemas, sino políticos que encuentren soluciones pactadas a esos problemas», subraya.

Para el diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca, «los planes de la ministra, incluyendo el cierre de instalaciones de generación eléctrica 'sin dejar a nadie atrás', no tienen en cuenta las secuelas para los sectores industriales que proporcionaron miles de puestos de trabajo estable». El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Nicanor García, indica que este es «un problema político que ha suscitado el Gobierno de Pedro Sánchez». Alerta sobre la posibilidad de deslocalización de las industrias electrointensivas por la subida de la tarifa eléctrica y apuesta por «formar y especializar a la mano de obra perjudicada para no perder puestos de trabajo».